Días atrás, Néstor Fabián Benítez, líder de la comunidad Mbyá guaraní Tataendy, ubicada en Colonia Mado-Delicia, denunció el incendio y destrucción completa de la casa en donde vivía junto a su familia.
En este marco y a través de una carta dirigida a la ministra de Derechos Humanos de Misiones, Karina Aguirre, el Presidente Honorario de la Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, expresó su preocupación por la situación que enfrentan ésta y otras comunidades Mbyá en la provincia.
La Comunidad Tataendy está ubicada dentro del territorio de la Comunidad Yychyry y relevada en el marco de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena, la cual, entre otras cosas, prohíbe desalojos.
Según Pérez Esquivel la familia del líder comunitario enfrentó presiones, amenazas y, posteriormente, el incendio en su vivienda. Además, denuncia que la policía provincial ejerció maltrato hacia la comunidad.
En su carta, resaltó que estos incidentes “no son casos aislados”, sino que forman parte de un patrón de discriminación, amenazas y abuso de poder contra las comunidades indígenas en la provincia. Afirmó que estas acciones constituyen violencia institucional y son contrarias a los principios de respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos indígenas.
Es por ello que el activista solicitó a la ministra Karina Aguirre que su ministerio realice un trabajo de información, concientización y respeto por parte de la Policía provincial hacia las comunidades Mbyá guaraní. También instó a que se protejan los derechos territoriales de estas comunidades, muchos de los cuales cuentan con relevamientos jurídicos catastrales conforme a la Ley 26.160.
“Los derechos indígenas, son también derechos humanos y deben ser respetados garantizados, debido al reconocimiento constitucional y convencional que tienen (art. 75 inc. 17 y 22)”, remarcó Pérez Esquivel en su escrito. Al tiempo que destacó el reciente reconocimiento de la ley 4000 por parte de Misiones como un paso importante en esta dirección.
Tras este pedido, ahora Pérez Esquivel espera que la funcionaria tome medidas concretas para proteger los derechos de las comunidades Mbyá guaraní, cuya existencia constituye un importante rasgo cultural de la provincia.
La Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), presidida honorariamente por Adolfo Pérez Esquivel, ha sido reconocida con el Premio Novel de la Paz por las Naciones Unidas y Educación para la Paz por la UNESCO, por su compromiso con la paz y la justicia a nivel nacional e internacional.
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La carta
“A través de la presente queremos hacerle llegar nuestra preocupación por la situación que atraviesan distintas comunidades Mbyá guaraní de la provincia, y especialmente en este caso la Comunidad Tataendy, que se encuentra dentro del territorio de la Comunidad Yychyry, ya relevado en el marco de la Ley 26160 de emergencia territorial indígena, la cual, entre otras cosas, prohíbe desalojos.
Como usted habrá tomado conocimiento, se produjo un gravísimo hecho de violencia contra la familia del mburuvicha de la comunidad, Néstor Fabián Benítez. Quien además de soportar presiones y amenazas de una mujer de nombre Graciela Martínez, que se dice dueña, posteriormente al incendio de su casa, a la noche, el muruvicha debió soportar también los malos tratos de la policía que acompañaban a esta mujer.
Como dijimos al principio, ha habido varias situaciones de amenazas y violencia contra las comunidades Mbyá, y sentimos que existe no sólo discriminación contra las mismas, sino también amenazas y abuso de poder por parte de la policía de la provincia lo que constituye violencia institucional y que se traduce en tratos crueles, los que están prohibidos por la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que forman parte de la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22) y de criollos que se arrogan la propiedad del territorio de dichas comunidades, lo que pudiera llegar a constituir un delito.
Solicitamos señora Ministra, que por parte de su Ministerio exista un trabajo de información, concientización y respeto por parte de la policía provincial hacia estas comunidades que viven en forma pacífica y cuyos territorios, la mayoría, cuentan con el relevamiento jurídico catastral de acuerdo a la Ley 26.160, que se encuentra en vigencia.
Los derechos indígenas, son también derechos humanos y deben ser respetados garantizados, debido al reconocimiento constitucional y convencional que tienen (art. 75 inc. 17 y 22), y también a través del reciente reconocimiento de la ley 4000 por parte de la Provincia de Misiones.
Esperamos Sra. Ministra, que tome cartas en este asunto y proteja los derechos de las comunidades Mbyá guaraní, cuya existencia constituye un importante rasgo cultural de esa hermosa provincia.
Reciba nuestro saludo de Paz y Bien”.
Comunicación oficial de Emipa
Según el comunicado emitida por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), posterior al hecho, la mujer llegó acompañada de tres policías, quienes según la denuncia de Emipa, maltrató al mbya Benítez. Indicaron que “los delitos más evidentes cometidos por los miembros de la fuerza Policial de la Provincia de Misiones son abuso de poder, incumplimiento de deberes de funcionario público, apremios ilegales y amenazas, agravados por la discriminación étnica”.
Detallaron que la comunidad Tataendy está constituida por nueve familias y que desde el mes de enero viene sufriendo todo tipo de amenazas y represalias y ahora temen por su vida.
“Ya en otras oportunidades habían ingresado camionetas, advirtiéndoles que debían irse, e incluso en enero quemaron otra casa y los presionaron con armas de fuego, haciendo disparos al aire”, precisaron desde Emipa. Al tiempo que agregaron: “También tiraron abajo el kiosco de venta de artesanías que se encontraba en la banquina, en presencia de dos policías”.
El comunicado indica que, por otro lado, intentaron hacer negociaciones, ofreciéndoles solamente una parte del territorio, e incluso la suma de un millón de pesos para que se retiren del lugar.
“Ante la firmeza de la Comunidad por defender sus derechos territoriales, quienes intentan desalojarlos de manera forzosa continuaron acechándolos, poniendo en riesgo la vida de las familias que allí residen, incluidos niños, y dejándolos a la intemperie.
Al parecer, se trataría de diferentes personas que se adjudican la propiedad del territorio y a lo largo de estos meses los fueron acosando.
En una provincia donde se utiliza a los Mbya Guaraní como objeto turístico y se los muestra siempre como vidriera en eventos y festivales, suceden estas cosas y hoy son los mismos funcionarios del Estado los responsables directos.
¿A quién podrán acudir, entonces, si quienes deben protegerlos los amenazan de muerte?”, concluyeron.
Plan B / 13-4-2024
