Ayer se publicó el decreto 556/21 que establece el organismo de contralor al futuro concesionario de la Hidrovía (hay que licitarla) con un nuevo golpe a las aspiraciones de Misiones, que integra ese ente.
Ya que el decreto establece el trazado de la Hidrovía entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río De La Plata exterior. O sea, no se incluye dentro de la Hidrovía a el tramo del Paraná que arranca en la Confluencia y sube río arriba bordeando las provincias de Corrientes y Misiones.
En otras palabras, la Hidrovía no llegará hasta Misiones, que aguardaba esa definición al mismo tiempo que está realizando esfuerzos para reactivar el puerto de Posadas e incorporarlo a ese sistema de transporte.
Además de contar con la participación de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, según el comunicado oficial, “el nuevo organismo estatal tendrá como sede la ciudad de Rosario, significando la mayor participación equitativa del sector en la vía navegable de los últimos 26 años”.
Fiscalizará el cumplimiento de los reglamentos y los marcos contractuales y regulatorios mediante auditoría, control, inspección, regulación y seguimiento de las materias administrativas, ambientales primarias, económico-financieras, legales, determinación y modificación de traza, tarifarias y técnicas de los contratos de concesión de obra pública.
El presidente o la presidenta será designado por el presidente de la Nación; vicepresidente primero y dos vocales a propuesta del Ministerio de Transporte; vicepresidente segundo y un vocal, del Ministerio del Interior; el vicepresidente tercero y un vocal, de Desarrollo Productivo; y siete vocales, a propuesta de cada una de las provincias signatarias del Acuerdo Federal Hidrovía.
Otra cuestión que indica el decreto es que las tarifas y peajes que sean fijados en razón de concesiones otorgadas sobre la Hidrovía serán percibidos por el ente por cuenta y orden del concesionario o de los concesionarios y remitidas a éste o éstos, previa detracción de los montos que correspondan.
En relación con los próximos pasos a seguir, el futuro Administrador o Administradora General del Ente presentará a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través del Ministerio de Transporte, el proyecto de estructura organizativa del organismo con un plazo límite de 90 días.
En apoyo técnico de las funciones del ente nacional, se creará también una Comisión Asesora no vinculante, integrada “ad honorem” por representantes de universidades públicas, usuarios y sindicatos, y de los ministerios de Relaciones Exteriores, Agricultura, Ganadería y Pesca, Medio Ambiente, Seguridad y Obras Públicas.
