Por Marcelo Pérez *
Hay una pregunta que cada tanto vuelve a aparecer en la discusión argentina: ¿quién sostiene a quién?
¿Cuánto aportan las provincias y cuánto reciben de la Nación?
La pregunta parece económica. En realidad, es profundamente política.
Porque si la formulamos mal -y es muy común hacerlo- podemos llegar a una conclusión equivocada: que la Nación “mantiene” al país y que existen provincias que aportan y otras que simplemente reciben.
La historia argentina demuestra que las cosas son bastante más complejas. La Argentina no se construyó desde un centro que primero creó una Nación y después repartió el territorio en provincias. Fue un proceso mucho más complejo: las provincias fueron pre existes y protagonistas decisivas de la construcción nacional.
Antes de que existiera definitivamente el Estado nacional, ya existían gobiernos provinciales, intereses provinciales, recursos provinciales y conflictos que durante décadas definieron qué país se quería construir y cómo se distribuiría el poder.
Durante buena parte del siglo XIX, la discusión sobre los recursos estuvo en el centro de esas disputas. La Aduana de Buenos Aires es probablemente el mejor ejemplo. El puerto era poder. La Aduana era recursos. Y los recursos, entonces como ahora, eran una parte esencial de la discusión sobre quién podía decidir.
Después de Caseros, las provincias avanzaron hacia la organización constitucional. En 1853 sancionaron una Constitución federal. Buenos Aires quedó inicialmente al margen y se incorporó posteriormente, en un proceso en el que la cuestión de los recursos volvió a ocupar un lugar central.
Es decir: la discusión sobre quién aporta y quién recibe no nació ayer. Tiene raíces profundas en nuestra historia.
Pero hay algo que conviene no olvidar. La Constitución no estableció una relación de subordinación entre la Nación y las provincias. Estableció un sistema federal.
Las provincias conservan todo el poder que no delegaron al Gobierno federal. Tienen sus propias instituciones y sus propias autoridades. Y la Constitución reconoce expresamente que les corresponde el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios.
Por eso resulta extraño que el federalismo sea discutido, cada tanto, casi exclusivamente desde la lógica de una planilla: ingresos, egresos, transferencias y eventualmente ufanarse de ser “federal” por hacer una reunión en el “interior” donde un funcionario nacional visita una provincia.
¿Cuánto puso cada uno? ¿Cuánto recibió? ¿Quién ganó y quién perdió? Es una manera sencilla de ordenar los números. Pero es una manera demasiado pobre de entender un país.
Porque el aporte de una provincia no termina en lo que recauda su administración tributaria. Una provincia que produce energía aporta. Una que produce alimentos aporta. Una que produce madera, minerales o materias primas aporta. Una que desarrolla turismo aporta. Una que conserva bosques, biodiversidad y recursos naturales aporta.
Una provincia que sostiene una extensa frontera internacional también aporta. Y una provincia que desarrolla actividades productivas asumiendo costos ambientales, territoriales o de infraestructura que tienen impacto más allá de sus límites también está haciendo un aporte al conjunto.
¿Todo eso aparece en una planilla cuando se calcula cuánto “aporta” cada jurisdicción? Probablemente no.
Y ahí empieza el problema. Porque cuando reducimos el federalismo a una cuenta de debe y haber, aparece inevitablemente la idea de que quien “paga” más dinero tiene más derecho a decidir.
Y esa lógica es peligrosa. Porque si el que recauda más manda más, entonces dejamos de hablar de federalismo y empezamos a hablar de una sociedad comercial.
El accionista mayoritario decide. Los demás acompañan.
Pero la Argentina no es una sociedad anónima. Tampoco sería razonable caer en el extremo contrario. La Nación no es simplemente una caja a la que las provincias concurren para buscar recursos.
Hay funciones que requieren escala nacional: la defensa, las relaciones exteriores, la moneda, buena parte de la infraestructura estratégica, la regulación de actividades que atraviesan las fronteras provinciales y la administración de la justicia federal, entre muchas otras.
La cuestión, entonces, no es quién está por encima de quién. La cuestión es cómo construimos una Nación en la que el esfuerzo de unos no se transforme en el privilegio de otros.
Y aquí aparece una palabra constitucional que debería ocupar mucho más espacio en la discusión pública: equidad.
La Constitución establece que la distribución de los recursos debe ser equitativa y solidaria y que debe procurar un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.
Eso significa algo bastante sencillo: un argentino no debería tener menos oportunidades simplemente porque nació lejos de la Ciudad de Buenos Aires -el centro del poder político nacional-. Ese debería ser uno de los sentidos del federalismo.
No premiar al que recauda más. No castigar al que necesita más.
Y tampoco utilizar los recursos nacionales como mecanismo de disciplinamiento político. Porque una cosa es administrar los recursos de todos los argentinos y otra muy distinta es hacerlo desde una concepción de superioridad del centro sobre las provincias.
A veces, desde los escritorios nacionales, se observa a las provincias con una lógica demasiado parecida a la de una sucursal: cuánto produce, cuánto recauda, cuánto recibe, cuánto cuesta. Es una mirada errada.
Detrás de cada número hay territorio. Hay producción. Hay trabajadores. Hay rutas. Hay fronteras. Hay escuelas. Hay hospitales. Hay recursos naturales. Hay comunidades enteras que sostienen actividades que muchas veces tienen impacto mucho más allá de los límites provinciales.
Misiones es un buen ejemplo. Una provincia que produce yerba mate, té y madera; que desarrolla turismo; que conserva una biodiversidad extraordinaria; que posee una posición estratégica sobre una de las fronteras internacionales más activas del país y que aporta recursos naturales, producción y trabajo al conjunto nacional no puede ser explicada solamente por una columna de transferencias recibidas.
El país “Nación” recibe mucho más de sus provincias que aquello que puede verse en una liquidación tributaria.
Y esa discusión merece ser dada con seriedad. Porque tampoco se trata de construir una Argentina de provincias enfrentadas con el poder central. Eso sería volver al pasado.
Se trata de recordar cómo nació la Nación. Las provincias fueron protagonistas de un proceso político que, después de décadas de conflictos, terminó dando forma a una República federal. La propia historia constitucional argentina muestra que la organización nacional fue producto de acuerdos, disputas y pactos entre las provincias, y no simplemente de una decisión tomada desde un único centro.
Por eso ninguna provincia es superior a otra. Pero tampoco existe una Nación superior a las provincias. La Nación y las provincias son dimensiones inseparables de una misma construcción política. Un porteño no tiene una ciudadanía de mayor valor que la de un jujeño.
La provincia que más recibe no tiene menos dignidad. La que produce recursos naturales no es una simple proveedora. Y la que necesita solidaridad no es una carga. Todas sostienen, de alguna manera, a la Argentina. Algunas con impuestos. Otras con producción. Otras con energía. Otras con territorio. Otras con trabajo. Otras con recursos naturales. Otras con biodiversidad. Otras con infraestructura.
Todas, de una u otra manera, hacen posible que la Argentina exista, produzca y se desarrolle. Tal vez por eso la pregunta inicial esté mal formulada.
No deberíamos preguntarnos quién sostiene a quién. Deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo para que todos los que sostienen a la Argentina puedan desarrollarse dentro de ella.
Los recursos con los que funciona el Estado nacional no aparecen mágicamente en una caja central. Tienen su origen, en la actividad económica que se desarrolla en los territorios provinciales, en sus trabajadores, sus empresas, sus productores y sus consumidores. La “nación” -de por sí- no produce NADA. La “caja” nacional, es -íntegramente- de la provincias.
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Por eso lo que la Nación distribuye a una provincia no debería ser presentado como una concesión graciosa o generosa del poder central. Es parte de un sistema federal de distribución de recursos que las propias provincias -por medio de la constitución- manda organizar con criterios de equidad y solidaridad.
Porque el federalismo no consiste en que el poder central les pregunte a las provincias cuánto necesitan. Consiste en que quienes administran la Nación recuerden algo elemental: la Nación no nació para que las provincias dependieran de ella. La Nación nació porque las provincias, con todas sus diferencias y después de todos sus conflictos, decidieron construir algo más grande que cada una de ellas.
Una República. Una Nación. Y un proyecto común para promover -entre otras cosas- el bienestar general.
Plan B/ 11-9-2026/ Marcelo Pérez es abogado y Ministro de Gobierno de Misiones