Los empresarios misioneros Javier y Eduardo Zbikoski, que controlan el Grupo La Nueva Metropol y son uno de las empresas de colectivos urbanos más importantes de Buenos Aires, entaron abiertamente en una guerra judicial con el Grupo Dotta, el número 1 del país.
Según publicó hoy el periodista Diego Cabot en el diario La Nación, ambos grupos presentaron en la Justicia Federal de Comodoro Py, denuncias cruzadas.
El Grupo Dotta acusa a La Nueva Metropol de estafa, por supuestamente falsear el cobro de boletos mínimos, haciéndolos pasar en el sistema SUBE por boletos de más larga distancia, para cobrarle más a los pasajeros, y fundamentalmente, para inflar la cantidad de subsidios que reciben del Estado.
Más subsidios que recibe un grupo, en una suma fija que establece el Estado Nacional, significa menos subsidios para otros operadores, como el Grupo Dotta.
El Grupo Dotta, primero realizó una denuncia administrativa ante el Ministerio de Economía, utilizando cuatro cámaras sectoriales donde tiene gran influencia: CEAP, Cetuba, Ctpba y Ceutupba.
Mientras ese expediente sumaba los primeros movimientos en el ministerio, el denunciado grupo Metropol movió la primera ficha judicial y denunció penalmente a los presidentes de las cuatro cámaras y al exsecretario de Transporte, Luis Pierrini, publicó Cabot, el periodista autor de la investigación de los Cuadernos de las Coimas.
La empresa de los Zbikoski (que operan en forma totalmente separada de su hermano Marcelo, también empresario de colectivos, número 1 en Misiones y de operaciones sginficativas en CABA, aunque no tan grandes como la de sus hermanos), pidió que se investiguen los delitos de defraudación contra la administración pública y estafa (o tentativa de estafa).
La Nueva Metropol imputó a Roberto Rodríguez (Ctpba), Daniel De Ingeniis (Cetuba), Daniel Tenisci (CEAP) y Luis Brusca (Ceutupba). Luego, el fiscal Marijuan incluyó a también al exsecretario de Transporte, Luis Pierrini.
El Grupo Metropol planteó que los competidores promovieron presentaciones administrativas con datos manipulados o sin sustento técnico, para inducir a error a las autoridades y hacer una retención ilegítima de los subsidios asignados a Metropol.
El monto que aún está interdicto es de alrededor de $6500 millones. Esa denuncia quedó en manos del fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello, indicó Cabot en su nota de hoy en La Nación.
Así, avanzaron dos causas penales opuestas sobre un mismo hecho.
Plan B/ La Nación / 13-10-2026