Daniel Ricardo García es Abogado. Magíster en Derecho Tributario y Director de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza Misiones.
Por Daniel Ricardo García
El debate sobre el Estado misionero viene tomando notoriedad por la discusión del presupuesto 2027, sin embargo no debería limitarse a cuánto gasta.
La pregunta más importante es qué hace con esos recursos, cuánto interviene en la economía y qué controles existen sobre esa intervención.
Un relevamiento propio realizado a partir del Presupuesto Provincial 2027 permite identificar 16 empresas y sociedades vinculadas al Estado misionero, presentes en sectores tan diversos como energía, telecomunicaciones, medios, crédito, puertos, industria y economía del conocimiento.
El Estado misionero interviene en la economía privada con empresas que compiten con los privados.
El dato más llamativo aparece al analizar su financiamiento: 14 de esas 16 empresas reciben o han recibido recursos del Tesoro para funcionar.
Solamente las doce que tienen partidas individualizadas para 2027 concentran $94.344 millones, aproximadamente u$s 65 millones.
Para poner esa cifra en perspectiva, alcanza una comparación misionera: el nuevo Four Points by Sheraton de Puerto Iguazú, con 120 habitaciones, centro de convenciones, restaurante, spa y piscina, representa una inversión cercana a u$s 15 millones.
Es decir, los recursos destinados a las empresas públicas equivalen a construir más de cuatro hoteles de esas características por año.
El problema no es solamente cuánto cuestan, también es qué obtiene el contribuyente a cambio. Sin balances públicos fácilmente accesibles y resultados comparables, resulta difícil determinar si esas empresas son eficientes, si cumplen objetivos concretos o si el sector privado podría realizar algunas de esas actividades sin necesidad de aportes permanentes del Tesoro.
Y allí aparece una contradicción que merece plantearse: mientras al sector privado se le exige invertir su propio capital, asumir pérdidas, pagar impuestos y competir para sobrevivir, una empresa estatal puede recibir aportes del mismo Tesoro que se financia, entre otras fuentes, con los impuestos que pagan esos privados.
La exigencia de transparencia debería, como mínimo, ser equivalente.
Pero el Estado misionero no solamente participa como empresario. También regula fuertemente la actividad privada.
El INFOPRO, por ejemplo, fija precios mínimos obligatorios para distintos productos forestales.
Puede discutirse el objetivo de proteger al productor, pero también corresponde preguntarse si el Estado debe determinar administrativamente precios que en otras jurisdicciones se forman entre privados.
A ello se suma el artículo 16 del Presupuesto 2027, que delega amplias facultades en materia tributaria, incluyendo la posibilidad de crear o modificar regímenes de retención y percepción y modificar alícuotas, exenciones y bonificaciones.
También contempla facultades relacionadas con la creación de sociedades estatales, subsidios y contrataciones.
Finalmente, la discusión sobre la intervención estatal llega hasta las propias reglas de competencia política. La Ley de Lemas permite acumular los votos obtenidos por distintos sublemas dentro de un mismo lema.
Como consecuencia, el candidato individualmente más votado no necesariamente resulta electo.
Empresas públicas, regulación económica, facultades tributarias y sistema electoral son discusiones diferentes, pero plantean una misma pregunta institucional que lleva al mismo camino: ¿cuáles deben ser los límites del Estado y qué controles deben existir sobre su actuación?
No es solamente discutir entre más Estado o menos Estado. Es plantear qué Estado necesita Misiones y qué Estado pueden sostener sus contribuyentes.
Cada empresa, organismo y regulación debería poder justificar su existencia con resultados concretos. Y cada peso que sale del bolsillo de los contribuyentes debería tener una explicación pública sobre su destino.
Misiones necesita un Estado que pueda explicar cuánto cuesta, qué resultados obtiene y por qué interviene donde interviene. Por eso la discusión del presupuesto 2027 de transformó en el hecho político de la legislatura en este año.
Plan B/ 5-10-2026