La Asociación Maderera Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), presentó hoy un escrito al Ministerio de Ecología en el que le reclama que elimine el recientemente creado Registro de Infractores Ambientales o REPIA.
Con la firma de Fabián Toller (vicepresidente) y Cristian Gruber (secretario), Amayadap reclamó que ese registro es “inconstitucional” y también avisa que podría acudir a la Justicia Federal en el caso de que su petición no sea atendida por el ministro de Ecología, Martín Recaman.
Más tarde APICOFOM se sumó al mismo reclamo, respaldando el pedido de la entidad empresaria del Alto Paraná. Y luego otras cámaras empresariales adhirieron al reclamo, como Asocaciación Civil de Productores Foresto Ganaderos, la Cámara de Comercio e Industria de Montecarlo y otras.
“Acompañamos la preocupación expresada por Amayadap respecto de las normativa que condiciona la competitividad de nuestras actividades productivas en la provincia”, señaló APICOFOM.
La solicitud presentada hoy por Amayadap, y respaldada por APIFOCOM, se da en el marco de un pedido de un grupo de empresarios al Ministerio de Ecología que deje de “trabar todo” con sus normativas, sanciones o negación de permisos para cambios en la utilización de los suelos, que dificultan, según los empresarios, cada vez más la producción y generan inseguridad jurídica.
El malestar crece y parece equiparar a lo que se produjo cuando hace tres años la Legislatura avanzó con la prohibición del glifosato sin consultar a los que lo utilizaban todos los días para producir, generando contratiempos de todo tipo y una gran inseguridad a futuro. Al final, en ese caso, el Gobierno tuvo que dar marcha atrás con una prórroga y terminó dejando en los hechos en suspenso su decisión de eliminar el herbicida.
Discrecionalidad
Esta vez, el argumento de Amayadap es que considera al registro una herramienta discrecional y arbitraria para que Ecología aplique sanciones sin reglas claras ni precisas, que dificultarán la actividad productiva, podrían generar multas onerosas y sobre todo, constituyan una inseguridad jurídica de los empresarios, productores e inversores.
“En nombre y representación de la Asociación venimos en tiempo y forma a impugnar por inconstitucional a la Resolución 182/26 publicada en el Boletin Oficial (crea el REPIA o Registro Provincial de Infractores Ambientales)…solicitando al Sr Ministro su inmediata revocación por violar en forma patente y manifiesta el artículo 122 de la Constitución de la Provincia de Misiones (equivalente al artículo 103 de la CN) como así también por violar el debido proceso legal, el principio de inocencia y el principio de ilegalidad, garantizados por los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional”, dice el escrito,
Luego,en el fundamento al pedido, Amayadap explica que la reglamentación del recién creado Registro de Infractores Ambientales, es poco clara, muy vaga y ambigua y le termina dando a Ecología una gran capacidad para imponer sanciones, multas, obstruir el libre accionar de los productores y terminar generando inseguridad jurídica.
“La Resolución 182/26 crea un Registro de Infractores Ambientales, con la finalidad -entre otras- de registrar las sanciones impuestas por violar leyes ambientales, sus reglamentos, y normas complementarias”, indica.
“Sin embago, en el artículo 3, se establece que se debe inscribir ‘Todos’ los expedientes administrativos iniciados por infracciones ambientales, incumplimientos a las normas ambientales nacionales o provinciales, compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y/o mandatos o disposiciones emitidas por la autoridad de aplicación dentro de las cuales quedan comprendidas medidas, preventivas, precautorias o de remediación ambiental sin importar su tipo o gravedad, especialmente las relacionadas con las leyes que alli se citan”, indica el texto.
Para Amayadap, la amplitud y falta de precisión de este artículo termina por darle al Ministerio de Ecología la facultad de imponer “sanciones por normas de cualquier jerarquía, cuestión inadmisible desde todo punto de vista jurídico”.
“Los aserraderos en general quedaron en el ámbito del Ministerio de Ecología, con lo cual desde las habilitaciones de las industrias hasta cualuqier inspección tienen que responder en el Ministerio, con lo cual, ahí se complica totalmente la cosa porque donde vos tengas un problema de cualquier tipo, por viruta, ruido, problemas de agua, cualquier inconveniente, te pueden hacer una inspección y te encuentran productos químicos que no están bien ubicados en un lugar o humo, te hacen un acta y chau, se terminó, para poder seguir tramitando cualquier cosa tenes que ir a Ecologia y te dicen: ‘primero, tenés que pagar una multa de tanto, si no, no podés tramitar ninguna otra cosa”, explicó Rafael Scherer, uno de los empresarios que está impulsando el reclamo.
“Esto va a terminar mal, en lugar de legislar lo que tienen que legislar, como por ejemplo cuánto residuo de la combustión de la caldera va a ser aceptado en el aire, no, legislan estas cosas menores, cuando la industria esta necesitando que se legislen estas cosas. Acá va a pasar lo mismo queccon el glifosato, nos vamos a unir todos en contra de esto, es muy malo lo que está pasando”, agregó Scherer.
Malestar de empresarios forestales y de otros rubros
La carta de Amayadap llega días después de una reunión encabezada por Alfredo Gruber, Scherer y otros empresarios y productores, que durante una reunión en la que participaron también dirigentes de la oposición como Miguel Nuñez, Ramón Amarilla y Martin Arjol, emitieron un mensaje en las redes pidiendo que el Gobierno provincial “deje de poner palos en la rueda con sus normas burocráticas”.
El malestar no solo apunta al recién creado Repia, al que ven como una herramienta discrecional para perseguir a empresarios y productores, sino también porque Ecología viene demorando permisos de cambio en el uso del suelo.
“Nos impiden disponer de nuestra propia tierra”, dijeron en la reunión, celebrada en la sede de Amayadap.
Además, afirman que el Gobierno provincial está forzando a los dueños de bosques nativos y tierras aptas para certificar créditos de carbono a entrar al programa REDD+, en el cual el reparto de recursos generados para los privados es considerado muy desfavorable.
El Gobierno por un lado es “juez y parte”, porque por un lado fomenta que todos entren al programa REDD+, en asociación con el Gobierno provincial que pone sus tierras de parques provinciales y áreas protegidas, pero al mismo tiempo, cierra los caminos al no permitir los cambios en el uso del suelo para que cada privado pueda realizar su propia gestión ambiental y acceder a los créditos de carbono si certifica por su cuenta.
COMUNICADO DE APICOFOM
Por el camino del diálogo y la producción: APICOFOM adhiere al reclamo del sector agroforestal
Desde la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y norte de Corrientes (APICOFOM) acompañamos la preocupación expresada por la cámara colega AMAYADAP respecto de las normativas que condicionan la competitividad de nuestras actividades productivas en la provincia.
Consideramos indispensable y urgente revisar las medidas que impactan directamente en el día a día de nuestro trabajo, enfocándonos prioritariamente en:
– La creación del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), un sistema digital que el Ministerio de Ecología de Misiones dispuso para centralizar sanciones y expedientes administrativos en materia de violaciones a leyes ambientales. Esta novedad solo aporta más burocracia a un enmarañado sistema de obstáculos a la producción. Mientras desde el sector privado nos esforzamos buscando alternativas para superar la crisis, el Estado provincial consolida una política que va en contra de ese objetivo;
– La vigencia de la prohibición del glifosato: Es necesario rever la aplicación de esta Ley, una medida que fue tomada de manera inconsulta con los actores técnicos y productivos del sector. El diseño de alternativas viables y el análisis del impacto real en los costos y la productividad deben darse en un marco de consenso científico y operativo para no restarnos competitividad.
Consideramos necesario un urgente cambio de actitud hacia el sector productivo porque creemos firmemente que el único camino para el crecimiento de Misiones es el desarrollo productivo e industrial. Por ello, instamos al Gobierno Provincial a mantener canales de diálogo abiertos, dinámicos y resolutivos, evitando demoras burocráticas en temas críticos que necesitan soluciones inmediatas para seguir generando empleo genuino.
La foresto industria y el sector agropecuario son los verdaderos motores de la economía misionera. Ponemos a disposición toda nuestra capacidad técnica y de gestión para trabajar codo a codo en una agenda de desarrollo sustentable que proteja el empleo, la inversión y el futuro de nuestra provincia.
Plan B/ 14-7-2026