Los empresarios Alfredo Gruber y Rafael Scherer, junto a otros productores y empresarios, encabezaron un reclamo al Gobierno provincial para pedirle que deje de obstaculizar la actividad productiva con reglamentaciones, prohibiciones, multas y trámites burocráticos a través del Ministerio de Ecología, principalmente.
En una reunión celebrada la semana pasada, con más de 50 empresarios y referentes políticos de la oposición en la sede de Amayadap, reclamaron al Gobierno que elimine el recientemente creado Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA).
Este martes un grupo de empresarios está presentando un pedido formal para que se elimine el RePIA al que consideran inconstitucional.
Pero además, están reclamando al Gobierno que deje de poner trabas para que los productores dispongan de su propia tierra como consideren, al no otorgar en tiempo y forma los permisos de cambio de uso de suelo.
También están advirtiendo que el Gobierno, a través de estas trabas, los fuerza a ingresar al programa provincial REDD+ para emitir créditos de carbono, un programa que implica un reparto muy desfavorable para el privado que pone sus tierras bajo ese mecanismo.
Mientras que si el privado decide realizar sus propias certificaciones, y certificar y vender créditos de carbono por afuera del esquema REDD+, se termina encontrando todo tipo de trabas de Ecología para realizar un manejo efectivo de sus bosques que le permite acceder a los créditos.
Respecto al RePIA
Con respecto al Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), lo ven como un mecanismo “inconstitucional” y temen que sea otro instrumento para perseguir a empresarios y productores mirando únicamente la cuestión ambiental y penalizando la actividad productiva.
El RePIA para estos empresarios puede terminar siendo un mecanismo con el cual el Ministerio de Ecología va a limitar a los productores forestales, yerbateros y de otros rubros, a disponer de sus tierras para encarar distintas actividades productivas.
Según manifestaron algunos propietarios de bosques y productores presentes, la principal preocupación radica en que la normativa podría incorporar al registro a personas o empresas con expedientes administrativos aún sin resolución definitiva.
“A mi empresa ya le hicieron multas por más de 120 millones de pesos”, dijo Gruber, en diálogo con Plan B.
Se refería a tres multas que le impuso Ecología por distintas disposiciones que hizo sobre sus propias tierras, pero que la autoridad consideró que estaba afectando las normas de conservación.
“La verdad, estamos hartos, hace tiempo que cada vez van cercenando más nuestros derechos a la producción, este Gobierno está errado en su pensamiento, está en contra de la producción”, dijo Gruber.
Otra cuestión que le reclaman a Ecología es que o bien no otorga permisos para cambiar el uso del suelo o los demora largamente antes de otorgarlos.
También le están reclamando al Ministerio de Ecología, sobre la vigencia de la prohibición de las quemas.
Plan B/ 14-7-2026