Hoy se cumple un año de la muerte de Cristina Vázquez, la misionera que se hizo conocida en todo el país por haber pasado 11 años en la cárcel por un crimen que no había cometido, condenada en un juicio polémico.
Aplastada por la indiferencia de un Estado misionero al que no le importó mandarla a la cárcel sin pruebas, no quizo revisar la sentencia -ni aún cuando la Corte Suprema de la Nación mandó a hacerlo-, y luego tampoco la compensó como debía por el enorme e irreparable daño que le causó.
Deprimida, afectada también por la pandemia, sin saber qué hacer con su vida ni qué rumbo tomar en libertad después de tanto tiempo encerrada, hoy hace un año que Vázquez decidió quitarse la vida ahorcándose en la pieza que alquilaba en el barrio de El Palomar.
Hacía apenas ocho meses había recuperado la libertad. Tras salir libre el 27 de diciembre de 2019, por orden de la Corte Suprema de la Nación que en la misma decisión amonestó a la Justicia misionera y afirmó que no había pruebas para condenarla, ni a ella ni a Cecilia Rojas, quien también quedó libre tras 14 años de prisión.
El calvario de Vázquez había empezado cuando tenía apenas 19 años y fue apresada por primera vez, acusada del asesinato de Ersélide Dávalos, una jubilada del Poder Judicial de la provincia de 79 años.
Su suicidio hizo recordar a la película “Sueños de Fuga”, protagonizada por Morgan Freeman y Tim Robbins, donde uno de los personajes, Brooks Hatlen (James Whitmore) decide quitarse la vida al poco tiempo de salir de prisión, al no saber qué rumbo tomar y después de acostumbrarse a estar privado de la libertad.
“No guardo rencor, pero la Justicia tiene que reconocer sus errores”, repitió hasta el cansancio, en aquellos días de finales de 2019, cuando recién había salido en libertad. Se la notaba más desorientada que feliz.
Víctima de un sistema judicial deficiente
Vázquez es vista por todos como una víctima más de un sistema judicial provincial prepotente con los pobres, con los que no tienen cómo defenderse. Un sistema manejado por funcionarios que parecen ser excesivamente duros con los indefensos, pero a los que nadie imagina siendo igualmente implacables con el poder político.
Una de las cuestiones que llama la atención en el caso Vázquez es la rotunda negativa de la Justicia local a revisar la investigación, aún cuando la Corte Suprema lo requirió y chocó con el férreo corporativismo del sistema local.
Pero no es la única deuda del Estado misionero con Vázquez.
Otras faltas igualmente graves vinieron después, cuando quedó en libertad. No hubo ningún pedido de disculpas de los responsables de su arbitrario encarcelamiento. Nada dijo la fiscal responsable de la acusación, la doctora Liliana Picasso, hoy miembro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), un cuerpo que todos cuestionan por lo bajo como dependiente del jefe de la Renovación, Carlos Rovira.
En el documental “Fragmentos de una amiga desconocida”, que se emitió por Canal Encuentro, y se realizó cuando Cristina todavía estaba en la cárcel, una abogada de la Asociación Pensamiento Penal toma una copia del expediente que condenó a la posadeña y va señalando con un resaltador cuestiones que podrían haber disparado nuevas líneas de investigación. Nada de eso sucedió.
Irregularidades, contradicciones, la sentencia que prácticamente de manera literal admite la inexistencia de pruebas contundentes.
Reparar el daño
Vázquez también fue víctima de un Estado misionero que no fue ágil para reparar el daño que hizo. ¿Cómo? Con una retribución económica que, al menos en parte, compense a Vázquez por el sufrimiento que padeció y la vida que le arruinaron, incluyendo la juventud perdida. Dinero para viajar, soñar, o darse gustos por primera vez en la vida.
En la última novela del abogado y bestseller John Grisham se cuenta la historia de “Los Guardianes”, una ONG de abogados que se dedican a revisar casos de condenados a muerte en los Estados Unidos, para tratar salvarlos de la silla eléctrica. La novela, basada en hechos reales (la ONG existe) deja en claro que la Justicia comete errores en todos lados, y en el país del Norte el sistema puede llegar a matar a inocentes. No es una rareza.
También deja en claro que los prejuicios por la condición social o el color de piel siguen vigentes en el sistema judicial norteamericano.
Pero eso sí, aquel condenado a muerte que tiene la rara suerte de que alguien revise su caso, y finalmente resulta absuelto, además de un pedido de disculpas, inmediatamente recibe una indemnización millonaria, como para compensarle en parte la vida que le destruyeron arbitrariamente.
Visita al gobernador Oscar Herrera Ahuad
En febrero del 2020, Cristina Vázquez le pidió al padre Alberto Barros -la persona que más la ayudó durante su estadía en la cárcel y después en su breve período de libertad- ir a ver al gobernador Oscar Herrera Ahuad a la Rosadita.
En esa reunión Cristina le preguntó a Herrera Ahuad por el dinero de la indemnización que le correpondía por haber pasado buena parte de su vida en la cárcel injustamente condenada.
“Herrera Ahuad no le dijo ni que si ni que no, que lo tenía que canalizar con sus abogados y los del Estado”, recordó Barros, que terminó dándole un empleo a Cristina en Cáritas. El actual gobernador, que no tiene ninguna responsabilidad en lo que le pasó a Vázquez, quizo ayudarla y se compadeció de su injusto sufrimiento.
Cristina quería el dinero ya y le interesaba llegar a algún acuerdo. Herrera Ahuad le dijo que podía hacer consultas, que él no entendía de esos temas pero que contara con su predisposición y que los abogados de las partes eran quienes tenían que resolverlo. Le manifestó que para él era un reclamo absolutamente justo.
Hacía apenas un par de meses que había llegado al cargo y estaba por sobrevenir la crisis del Coronavirus, algo que también fue fulminante para la vida en libertad de Vázquez. Años encerrada y se venía un nuevo encierro por la pandemia.
El gobernador, a pedido de Barros, también le consiguió un trabajo bajo la órbita del Parque de la Salud, con un sueldo en blanco, muy modesto. Y Cristina decidió aceptar el trabajo y emplearse en Cáritas, bajo las órdenes del padre Barros.
Barros y Herrera Ahuad, cada uno a su manera, ayudaron a Vázquez. Pero Cristina necesitaba otra cosa y probablemente no supo como reclamar para obtenerla.
Indemnización
Vázquez contrató un abogado que, cuando se quitó la vida hace un año, todavía estaba preparando la demanda contra el Estado misionero. Pero ella necesitaba la compensación en forma inmediata. El Estado podría haber encontrado otras maneras de compensarla.
Así como Cristina Vázquez no la pasó bien fuera de la cárcel y terminó quitándose la vida, tampoco la están pasando bien Cecilia Rojas, a quien también le dieron un trabajo en la Dirección de Prevención de la Tortura, visitando cárceles. No parece lo más adecuado, volver justo el lugar al que un preso no quiere ni recordar.
Mientras que Ricardo Jara está deambulando desempleado. Otro al que el Estado misionero le debe una indemnización.
El sábado 4 de septiembre a las 21 se estrenará la docu-ficción de Fabián Pérez Battaglini, “La Reina del Martillo”, en alusión al injusto apodo que le pusieron a Vázquez. Como es una película incómoda, el Instituto de fomento audiovisual de Misiones (IAAVIM) le dio la espalda a Vázquez también, al retirarle el financiamiento que había comprometido.
Para muchos hoy es un día incómodo, que tiene que pasar rápido para que todo siga igual.
