Por Sergio Santiago *
Diciembre de 2009.
Asumía como Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones sin imaginar que buena parte de mi gestión iba a estar atravesada por una convicción que, con el tiempo, se convirtió casi en una obsesión: que la capacitación y la gestión judicial no son un adorno protocolar del Poder Judicial, sino la herramienta más concreta para transformarlo desde adentro.
Estas líneas son un ejercicio de memoria sobre lo que se hizo entre 2010 y 2015, no como un balance solemne, sino como el relato de quien tuvo la fortuna de estar ahí y con la perspectiva del tiempo transcurrido, hoy a 10 años vista y no solo como abogado litigante sintiendo desde el lugar que ocupo con la misma pasión por el derecho y la mejora continua de la justicia, valor que la sociedad, para su realización, no debe perder.
El Centro que llevó el nombre de un juez
En 2010 asumí como Director Ejecutivo del Centro de Capacitación y Gestión “Dr. Mario Dei Castelli” del Poder Judicial de Misiones, cargo que ocupé hasta febrero de 2016.
Fue el espacio desde el cual intentamos instalar un cambio de paradigma cultural: que la capacitación dejara de pensarse como una obligación formal y pasara a entenderse como un compromiso social del Poder Judicial con la comunidad a la que sirve.
Inauguramos una nueva sede, le dimos al auditorio el nombre de “La Misión”, y pusimos en marcha “Justicia de Todos”, un canal online pensado para acercar información judicial al ciudadano de a pie —algo que hoy parece obvio, pero que en ese momento significaba repensar por completo cómo un Poder Judicial provincial se comunicaba hacia afuera.
El nombre no fue una decisión protocolar: quiso la vida darme en ese momento un lugar en el Superior Tribunal de Justicia, y con ello la oportunidad de poner a consideración la idea de valorar en la memoria no solo del Dr. Mario Dei Castelli, sino también a su padre Don Roberto y en definitiva a toda una familia comprometida a lo largo de la vida institucional de Misiones con los valores democráticos y pasión por el derecho.
Por ello quiso esa coincidencia que resultara que el Centro de Capacitación y Gestión llevara el nombre del Dr. Mario Dei Castelli, en homenaje a esa memoria que los pueblos deben honrar.
Y quiso la historia que el día en que se inauguró esa primera sede física —porque el Centro había sido creado en 1998, pero durante todos esos años nunca había contado con un espacio propio— asistieran su madre, que entonces tenía más de noventa años, y toda la familia Dei Castelli.
Fue uno de esos momentos en que la gestión institucional se cruza, sin aviso, con algo mucho más humano. Fue el puente simbólico de varias generaciones, un icono del que entre todos podemos, porque más allá de las diferencias de matices nos une la Pasión por el Derecho y el respeto a la dignidad humana.
El trabajo de base (2010-2012): sistemas, infraestructura y el legajo único digital
Antes de que la reforma de los códigos llegara a la agenda formal, entre 2010 y 2012 se hizo un trabajo de base menos visible, pero fundacional para todo lo que vino después.
Invertimos en infraestructura propia y decidimos desarrollar sobre software libre, con Linux como plataforma: las licencias privativas no cubrían todas las prestaciones que necesitábamos para digitalizar el Poder Judicial sin pagar patentes caras, y esa decisión técnica terminó siendo, también, una decisión de política institucional.
Con esa infraestructura unificamos cuatro sistemas hasta entonces inconexos que tenía el Poder Judicial de Misiones: el propio sistema del Poder Judicial, el del Cuerpo Médico, el de administración de Recursos Humanos y el de gestión judicial. De esa unificación nació el LEU —Legajo Único Digital—, y fuimos el primer Poder Judicial del país en digitalizar el recibo de sueldo de sus empleados.
Sobre esa misma base, entre noviembre de 2015 y abril de 2016 propusimos, en fase experimental, la implementación de papel cero para los juzgados laborales de Posadas: un objetivo que, hay que decirlo con honestidad, sigue pendiente hasta hoy.
En paralelo pusimos en crisis —deliberadamente— el sistema de notificación por cédula en papel, cuestionamiento que, por suerte y por mérito de las sucesivas gestiones que continuaron ese camino, terminó derivando en la notificación digital que hoy es la norma. Y dejamos armado, para quien quisiera tomarlo, el sistema de sustitución de las estampillas de papel por estampillas digitales.
Como último eslabón de ese mismo esfuerzo, entre 2014 y 2015 dejamos funcionando, con carácter no obligatorio y en fase experimental, el SIGED —sistema de digitalización de expediente—, que con el correr de los años fue cumpliendo, de a poco, el destino de la despapelización de los procesos que nos habíamos propuesto desde el principio.
En el plano de la formación, esos mismos años me llevaron a impulsar el convenio entre el Superior Tribunal de Justicia y la Universidad Austral para que se implementara, en Misiones, la Maestría en Magistratura y Derecho Judicial, y a lograr que se subvencionara en un porcentaje importante la cuota de quienes la cursaran. Participé, además, de la fuerte relación académica que se generó con esa universidad, y colaboré con el capítulo referido a la estructura judicial de Misiones en el tratado de derecho judicial que la Universidad Austral elaboró, único en Latinoamérica.
La reforma de los códigos: el trabajo menos visible y más determinante
Entre 2013 y 2014 coordiné, como representante del Poder Judicial de Misiones, el tratamiento de las reformas a los Códigos de Procedimiento Penal, Civil y Laboral de la provincia, en el marco de un convenio de cooperación entre la Cámara de Representantes y el Superior Tribunal de Justicia.
Fui Coordinador General de las Comisiones Redactoras de esos anteproyectos. Los tres códigos fueron aprobados y hoy siguen vigentes. De todas las tareas de esos años, esta es probablemente la que menos rédito inmediato dio en términos de visibilidad, pero la que más perdura: un código procesal no se discute todos los días, y cuando se logra actualizarlo con consenso técnico y político, el efecto se siente durante décadas.
En paralelo, y como una preocupación que empezaba a instalarse con fuerza en la agenda de gestión judicial de todo el país, publiqué en 2014 en la revista Fortis un artículo que resumía hacia dónde creía que debía ir el Poder Judicial: “Hacia la Digitalización Judicial”. Mirado desde hoy, con el expediente digital ya instalado como la norma y no la excepción, aquel texto funciona casi como un registro de época: se discutía entonces lo que hoy dábamos por sentado.
El hito concreto de ese proceso llegó antes, en el verano de 2013. En enero de ese año, el diario El Territorio dio cuenta de que el personal del Poder Judicial de Misiones había completado los cursos exigidos por la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (Onti) para que el STJ se constituyera en Autoridad de Registro, y que para marzo estaríamos en condiciones de implementar la firma digital en Misiones.
La convicción y el trabajo de muchas personas que por entonces comenzamos a compartir la mística y el orgullo de pertenecer, indicaba que el cambio no admitía demoras. A trece años de aquel logro, con el expediente digital ya convertido en la norma cotidiana de la Justicia misionera, aquel verano de cursos y exámenes de enero —que varios agentes judiciales rindieron interrumpiendo sus propias vacaciones— fue el primer paso concreto de un camino que, con la reforma de los códigos y el artículo de 2014, terminaríamos de trazar hacia la digitalización y despapelización, que hoy continúa.
Dos períodos al frente de REFLEJAR
Entre 2011 y 2016 tuve la responsabilidad de integrar la conducción del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —REFLEJAR—, la red de escuelas judiciales que funciona en la órbita de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Ju.Fe.Jus). Fui Vicepresidente en el período 2011-2013 y Presidente en el período 2013-2016: dos gestiones consecutivas al frente de un espacio que nuclea a todas las escuelas y centros de capacitación judicial del país.
Ese rol me permitió ver la capacitación judicial no como un problema provincial aislado, sino como una discusión nacional compartida. Participé de los Congresos Nacionales de Capacitación Judicial en Esquel (2011), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2012), Salta (2013), San Juan (2014) y, con particular orgullo, tuve la oportunidad de convocar y ser anfitrión del XIX Congreso Nacional de Capacitación Judicial en Iguazú, Misiones, en junio de 2015: la primera vez que ese encuentro se hacía en mi provincia. Cerraba, de algún modo, un círculo: llevar a Misiones la discusión que durante años habíamos ido a buscar a otras provincias.
La ventana iberoamericana
La gestión al frente de REFLEJAR también abrió una puerta hacia la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ). En 2013 participé como panelista en la Asamblea General de la RIAEJ en Asunción, Paraguay, con una ponencia sobre la extensión y proyección social de las escuelas judiciales. En febrero de 2015 tuve la oportunidad de exponer en las Primeras Jornadas Iberoamericanas de Capacitación Judicial en Paraná, Entre Ríos, sobre los desafíos de integrar la comunidad iberoamericana de formación judicial. Ese mismo año asistí a un Seminario de Derecho Judicial Español en Barcelona, y en abril coordiné y moderé, en Mendoza, un panel sobre el rol de la capacitación en la Justicia con expositores del Federal Judicial Center de Estados Unidos —una experiencia de diálogo comparado que confirmaba algo que sostuve siempre: los problemas de gestión judicial no son exclusivos de ninguna provincia ni de ningún país, y la mejor manera de enfrentarlos es no hacerlo en soledad.
Un balance, no una nostalgia
Al mirar hacia atrás, lo que más valoro de esos seis años no es un logro puntual sino la insistencia sostenida en una idea: que un Poder Judicial que no invierte en formar a quienes lo integran, y que no se anima a modernizar sus herramientas de gestión, termina siendo rehén de su propia rutina. La reforma de los códigos procesales, la apuesta temprana por la digitalización, la construcción de redes de capacitación provinciales, nacionales e iberoamericanas: todo apuntaba, con distintos nombres, al mismo objetivo.
La necesidad de escribir estas líneas nació de mirar hacia atrás, a diez años de haber cambiado de rol, y descubrir que la lucha dada, los logros, los desencantos, las derrotas, las utopías y también las distopías, habían ido forjando a alguien distinto de quien alguna vez emprendió el sueño de aportar al cambio y a la mejora.
De ahí la convicción de que vale la pena dejar registro de por qué se hicieron las cosas que se hicieron, en un momento en que el debate sobre la modernización de la Justicia argentina sigue, afortunadamente, bien vivo.
Toda gestión, como toda vida, se parece un poco a una odisea: un tránsito por los distintos estadios de la lucha, cada uno con su propia batalla y su propia enseñanza, cada uno dejando su marca en quien lo atraviesa. Hoy, con la calma y la perspectiva que solo regala el paso del tiempo, miro ese camino recorrido —sus victorias, sus tropiezos, sus certezas y sus dudas— y siento, con la misma mística de aquellos años, que todo lo vivido valió la pena. Y con esa misma fe sé que lo que todavía queda por recorrer también valdrá la pena, porque hay viajes que no se emprenden para llegar a un destino, sino para seguir mereciendo el camino.
*Dr. Sergio César Santiago — Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones (2009-2016)*