Por Oscar Thomas
La condonación de una deuda cercana a los 64 millones de dólares representa, sin dudas, un alivio financiero extraordinario para Energía de Misiones (EMSA).
Pero justamente por la magnitud de ese beneficio, surge una pregunta inevitable: ¿qué hará ahora la provincia con esta nueva oportunidad histórica?
Porque el problema de fondo nunca fue solamente la deuda. La deuda fue la consecuencia visible de un sistema energético provincial estructuralmente ineficiente, fragmentado y políticamente condicionado durante décadas.
Si el esquema operativo, administrativo y económico sigue siendo el mismo, el resultado probablemente también será el mismo: nuevas deudas, tarifas crecientes, deterioro del servicio y creciente dependencia de rescates extraordinarios.
La discusión que Misiones debe animarse a dar ya no puede quedar limitada al corto plazo ni a la coyuntura financiera. El verdadero debate es si existe voluntad política para transformar integralmente el sistema eléctrico provincial.
EMSA arrastra desde hace años costos estructurales extremadamente elevados, particularmente en materia de recursos humanos, superposición administrativa, ineficiencias operativas y dificultades de coordinación con las cooperativas eléctricas. A ello se suma una estructura fragmentada de prestación del servicio que muchas veces multiplica gastos, burocracia, pérdidas técnicas y decisiones políticas antes que criterios de eficiencia energética y sustentabilidad económica.
Por eso la pregunta que comienza a instalarse en amplios sectores técnicos, empresariales y sociales es inevitable: ¿se avanzará hacia una profunda reorganización del sistema eléctrico provincial o simplemente se utilizará esta condonación para ganar tiempo y volver a endeudarse en pocos años?
La provincia tiene hoy la posibilidad histórica de impulsar una verdadera reforma estructural. Una discusión seria sobre la creación de un sistema provincial integrado de distribución y servicios energéticos, con planificación centralizada, eficiencia operativa, control transparente de costos y criterios modernos de gestión. Eso necesariamente obliga a debatir el futuro vínculo entre EMSA y las cooperativas eléctricas.
No se trata de eliminar identidades locales ni desconocer historias institucionales. Se trata de analizar racionalmente si el actual esquema múltiple y fragmentado sigue siendo sostenible en un contexto de crisis económica, aumento permanente de costos energéticos y necesidad urgente de inversiones tecnológicas.
El desafío del futuro energético ya no pasa solamente por distribuir electricidad. Pasa por construir empresas modernas capaces de administrar redes inteligentes, energías renovables, almacenamiento, movilidad eléctrica, generación distribuida, eficiencia energética y digitalización del sistema. Y para eso se necesita escala, capacidad técnica, profesionalización y sustentabilidad financiera.
La sociedad misionera tiene derecho a preguntar qué ocurrirá con el enorme alivio económico recibido. ¿Habrá auditorías integrales? ¿Se revisará la estructura de costos? ¿Se transparentarán las cuentas? ¿Se impulsará una profesionalización real de la gestión? ¿O simplemente se trasladará el problema hacia adelante?
Porque el riesgo es evidente: si no se corrigen las causas estructurales, la condonación terminará siendo apenas un nuevo parche transitorio financiado indirectamente por todos los argentinos.
Misiones necesita discutir su política energética con madurez y sin tabúes. La energía no puede seguir siendo únicamente un espacio de administración política; debe convertirse en una política de Estado orientada al desarrollo productivo, la competitividad económica y la sustentabilidad social.
Tal vez haya llegado finalmente la hora de “ponerle el cascabel al gato”. No para destruir instituciones, sino para salvar el sistema antes de que vuelva a entrar en crisis.
Arquitecto Oscar Alfredo Thomas, ex Director Ejecutivo EBY (2003-2015)
Plan B/ 22-5-2026
