Cuando faltan apenas 14 meses para la entrada en vigor de la prohibición del uso del glifosato y cualquier otro agroquímico en la provincia de Misiones, el Procurador General habilitó una causa presentada por un grupo de productores que piden la inconstitucionalidad de esa medida.
Ahora el Superior Tribunal de Justicia de Misiones deberá resolver si la prohibición del glifosato, que entrará en vigencia el 4 de julio del 2025, es o no constitucional.
La decisión es de vital importancia ante el amplio rechazo que genera la prohibición del glifosato entre productores yerbateros, tealeros, forestales, entre otros, que argumentan que sin el agroquímico es imposible luchar contra las malezas en la tierra colorada, y que no existe todavía un bioinsumo que lo pueda reemplazar.
El Procurador General, que es el jefe de los fiscales de la Justicia provincial, habilitó la causa “Anderson Jonatan Gabriel y otros c/Estado de la provincia de Misiones”, publicó hoy el diario Primera Edición.
Ahora el Fiscal de Estado, Fidel Duarte, debe defender la Ley ante el STJ y será ese cuerpo el que dictaminará si la prohibición es o no constitucional.
Correrían el inicio de la prohibición
Más allá de la resolución del alto cuerpo, en distintos ámbitos oficiales ya dieron a entender que si el agro misionero se viera afectado por la prohibición, la misma se correría el tiempo que sea necesario para facilitar la adaptación con alternativas que permitan declarar a Misiones como una provincia libre de glifosato.
Hoy por hoy, el Gobierno de Misiones apuesta fuerte a los bioinsumos que produce la firma Agrosustentable, en el Parque Industrial de Posadas, con fuerte apoyo oficial. El Ministerio del Agro le compra toda la producción y la distribuye en forma gratuita entre los colonos, incluso utilizando fondos del FET.
En tanto, una segunda apuesta es por los bioinsumos que produce la Biofábrica, en Miguel Lanús. Allí se produce un biofertilizante desde hace unos años, pero la producción no llega a 300 kilos por mes.
Ese biofertilizante que produce la Biofábrica, sociedad controlada por el Estado provincial, está certificado por el Senasa. Se trata del primero que certifica este organismo y que es producido por un Estado provincial.
La Biofábrica tenía un proyecto para construir una segunda planta exclusivamente dedicada a la producción de bioinsumos, pero ese plan quedó sin efecto y, en cambio, el Estado apostó fuerte por la radicación de Agrosustentable.
“Más tiempo”
Cuando se sancionó la Ley, Plan B preguntó al diputado que impulsó la norma, Rafael Pereyra Pigerl, si se habíanr realizado consultas a los distintos sectores productivos, a lo que el obereño respondió que no.
Sin embargo, argumentó en ese momento que “si vemos que no se llegan a conseguir las alternativas al glifosato para la fecha que entra en vigencia la prohibición, siempre podemos extender los plazos”.
Explicando que lo importante era contar con la ley, dar una señal de hacia donde se quiere ir con el status de provincia libre de agroquímicos, y luego ordenar los recursos y las acciones en función a esa meta, pero sin afectar al mundo de la producción.
También el vicegobernador, Lucas Romero Spinelli, se reunió con tealeros y productores de otros sectores y les llevó el mismo mensaje.
Plan B/ Primera Edición / 12-5-2024