El Senado de la Nación rechazó hoy el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 que tiene unos 300 artículos y avanza en la desregulación de la economía, incluyendo la quita de postestades de fijar precio de la yerba al INYM.
La votación en el Senado fue por 42 en contra y 25 a favor, con 4 abstenciones, entre las que se encontraban los dos votos de los senadores por la Renovación misionera, Carlos Arce, y Sonia Rojas Decut.
En tanto Martin Goerling, el senador misionero por la oposición (JxC) apoyó y estuvo entre los 25 senadores que apoyaron el DNU.
Ahora la última palabra la tendrá la Cámara de Diputados, que debe aprobar o rechazar el DNU. Si lo aprueba, el Decreto quedará firme. Por ahora, continúa vigente.
Para algunos analistas, el rechazo al DNU asestó un duro golpe al gobierno de Javier Milei y agravó la crisis entre el jefe del Estado y Victoria Villarruel como consecuencia de la decisión de la vicepresidenta de haber permitido que el DNU se discutiera en el recinto de la Cámara alta.
El decreto fue rechazado por 42 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones. Además del kirchnerismo, que sentó a la totalidad de sus 33 senadores, votaron en contra los radicales Martín Lousteau (Capital), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Edith Terenzi, que responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres (Pro). También lo hicieron los provinciales Mónica Silva (Río Negro), José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), y Lucila Crexell (Neuquén); y los peronistas del bloque Unidad Federal Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos).
El polémico decreto dividió aguas en los dos grandes conglomerados que integraron Juntos por el Cambio. En el caso de la UCR, sus senadores se repartieron entre las tres opciones posibles (a favor, en contra y abstención). El Pro cerró filas y votó a favor.
En tanto, hay solo dos antecedentes sobre el rechazo parlamentario a un decreto: en 2009 y 2010, el denominado Grupo A votó en Diputados en contra de sendos DNU -referidos a la deuda pública- de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Pero la avanzada opositora no prosperó luego en el Senado. La Cámara alta, a su vez, tiene en su registro dos decretos rechazados, en 2020, aunque sobre instrumentos de 2015 y 2017, no de un presidente en ejercicio.
Tal como lo establece la ley de Trámite Legislativo que regula el control parlamentario de estos instrumentos, para derogar un decreto de necesidad y urgencia se necesita del rechazo de ambas cámaras legislativas.
Así, ahora toda la presión se trasladará a la Cámara de Diputados, que preside el libertario Martín Menem (La Rioja), que tendrá la última palabra para definir la vigencia del DNU, un instrumento de 366 artículos que se encuentra impugnada ante la Justicia y que fue la primera gran medida de gobierno tomada por Javier Milei, el 21 de diciembre último.
El amplio rechazo que cosechaba el DNU en el Senado no era ningún secreto. De hecho, fue Villarruel y su política de negociación con la oposición dialoguista lo que permitió demorar el tratamiento en el recinto por más de un mes y medio.
El primero de tres pedidos de sesión especial para rechazarlo lo presentó el kirchnerismo en la última semana de enero. Todos fueron ignorados por Villarruel. Dos semanas atrás, un grupo heterogéneo de nueve senadores de diferentes bloques sumó presión al también reclamar su debate en el recinto. Fue la señal que le indicó a la vicepresidenta que no tenía margen para más dilaciones. Ya eran 42 los legisladores que exigían discutir el DNU.
Por qué se vota el DNU
El decreto de necesidad y urgencia 70/23 tiene vigencia desde el 29 de diciembre, cuando lo firmó Javier Milei. La ley establece que la Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez de los decretos del Poder Ejecutivo dentro de los 10 días hábiles. Como ese tiempo ya pasó, ahora las Cámaras deben tratar el DNU.
