“Lo lamentamos pero tienen que bajarse y tomarse otro colectivo porque esta empresa no está habilitada”, dijo un inspector de la Municipalidad de Puerto Iguazú a un grupo de turistas que acababa de subir a un bus en la terminal de esa localidad para ir hasta las Cataratas, a 10 kilómetros.
La escena se repitió varias veces en estas últimas semanas, en las que estalló un conflicto entre el municipio de Iguazú y la empresa Crucero del Norte, que hace el recorrido entre el Parque Nacional Iguazú y el Parque Nacional Iguazú, en el lado brasileño, cruzando el puente internacional Tancredo Neves.
El problema implica un nuevo escándalo en el que está involucrado el Municipio de Iguazú, que no es la primera vez que genera hechos que implican un destrato a los turistas, en pos de hacer valer su jurisdicción y su autoridad.
En otra oportunidad el municipio empezó a cobrar en forma imprevista una tasa ecológica a los turistas que circulaban por la ruta nacional 12 antes de acceder a la localidad, algo que generó grandes rechazos de los visitantes.
O también, durante la pandemia, el intendente Claudio Filippa en persona llegó a cruzar un camión en la cabecera del Tancredo Neves para impedir que los argentinos varados pudieran reingresar por Iguazú.
“Tenemos los permisos otorgados en virtud de un acuerdo internacional y ratificado por la CNRT y el Ministerio de Transporte”, explicó a LA NACIÓN un gerente de Crucero del Norte.
“Somos una empresa que contribuye a traer turistas a la Argentina y a generar divisas”, explicó el ejecutivo.
La empresa Crucero del Norte acudió a la Justicia Federal y presentó una medida autosatisfactiva ante el juzgado de Eldorado, a cargo del Doctor Miguel Angel Guerrero, para que el Municipio deje sin efecto los controles permanentes que realiza sobre los cinco buses de Crucero que hacen el recorrido binacional.
Sin embargo, la Justicia Federal no le ordenó al municipio que cese en sus controles, sino que realiza una exhaustiva explicación de su accionar y sus fundamentos.
Qué dice el intendente
Consultado por LA NACIÓN, el intendente Claudio Filippa defendió a rajatabla su accionar: “La empresa está faltando a la verdad, nosotros tenemos autonomía desde el punto de vista referido al transporte urbano”.
Consultado por este diario, el asesor letrado del municipio, el abogado Harry Fos, dijo que las inspecciones empezaron cuando Crucero del Norte empezó a levantar pasajeros en la terminal de Puerto Iguazú para trasladarlos hasta el Parque Nacional Iguazú.
Se trata de un servicio que también realiza la empresa Río Uruguay y que es cada vez más utilizado por los turistas que llegan en bus o avión y de esa forma se ahorran un taxi que les costaría 10 o 20 veces más para llegar hasta el acceso al parque de las Cataratas.
“Todo lo que implica la salida de nuestra terminal de ómnibus hacia el Parque Nacional o hacia el aeropuerto es jurisdicción municipal, no nos metemos con las cuestiones internacionales, voy a seguir firme en esta lucha”, dijo Filippa.
En estos momentos, Puerto Iguazú está funcionando de vuelta a todo vapor y podría batir un nuevo récord histórico de visitantes en 2024.
El 8 de agosto arribó a las Cataratas el turista 1 millón, igualando la marca de 2019. Ese año pasaron por el Parque Cataratas 1.635.000 visitantes.
Se trata de una localidad que volvió a resurgir tras la pandemia y con un negocio floreciente que genera mucho dinero, donde los tirones por cuestiones de jurisdicción nunca fueron una rareza.
