El fiscal Diego Luciani pidió hoy que la vicepresidenta Cristina Kirchner sea condenada a una pena de prisión efectiva de 12 años al acusarla de ser jefa de una asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria pública, en concurso real, informó el diario La Nación y otros medios digitales.
En su última jornada de alegatos por la causa Vialidad, Luciani solicitó que la vicepresidenta sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y que su fortuna sea decomisada hasta la suma de al menos 5.321 millones de pesos.
“Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia”, interpeló al tribunal el fiscal Luciani.
Cabe destacar que la sentencia se conocería recién a fin de año, y de hallar la Justicia a Cristina Fernández culpable, la condena efectiva tardaría años porque tiene que ser ratificada en segunda instancia y luego ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no tiene plazos para fallar.
Todos los expertos afirman que cualquier resultado en la decisión no afectará las posibilidades legales de la actual vicepresidenta de presentarse como candidata a cualquier cargo en 2023.
Respecto al pedido de decomisar bienes de Cristina Kirchner y el resto de los integrantes de la supuesta asociación ilítica por 5.321 millones de pesos, se tratan de unos 1000 millones de dólares, calculados a un dólar promedio entre el valor de la divisa en la primera y la última de las licitaciones analizadas, y se solicitará su actualización.
“Este es monto del delito”, dijo el fiscal y aseguró que debe prorratearse entre todos los acusados. Si alguien no tiene suficiente dinero, el resto debe ser solidariamente responsables de aportarlo con su patrimonio.
Luciani argumentó que, desde ese rol de jefa de la organización, Cristina Kirchner mantuvo un mecanismo de corrupción institucional durante 12 años.
Sostuvo además que la estructura la montó su esposo, Néstor Kirchner, cuando se aseguró de convertir a Lázaro Báez, exempleado bancario, sin experiencia en la construcción, en el contratista al que le iban a dar la obra pública santacruceña por miles de millones de pesos. Señaló que, luego, parte de ese dinero, una vez blanqueado mediante el pago de supuestos contratos de alquiler hotelero, regresó al patrimonio presidencial.
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“Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, dijo Luciani, y señaló que “los imputados sustrajeron los fondos del erario en provecho particular adoptando las medidas para efectuarlo en condiciones de impunidad, desactivando los mecanismos de control”.
“Los funcionarios deben rendir cuenta de sus acciones. Determinar que hay detrás de la obra pública es función del Poder Judicial”, dijo Luciani, para rechazar la idea de que estas decisiones no eran revisables judicialmente,
Las penas para los otros acusados
El fiscal Luciani y su colega Sergio Mola reclamaron además que como organizadores de la asociación ilícita sean condenados Julio de Vido, a 10 años de prisión; el exsecretario de Obras Públicas José López, a 10 años de cárcel; el extitular de la Dirección Vialidad Nacional Nelson Periotti, a 10 años; y Lázaro Báez, a la pena de 12 años de prisión.
López ya está condenado a seis años de cárcel por enriquecimiento ilícito, por lo que en caso de una condena será unificada con aquella. Lo mismo sucede con Báez, que ya fue sentenciado a 12 años de cárcel, y con De Vido, ya condenado a cuatro años por la compra de trenes a España y Portugal y a cinco años y medio de cárcel por la tragedia de Once.
La fiscalía entendió que a Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner, le corresponde la pena de dos años en suspenso y solo lo acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pidió absolverlo por asociación ilícita.
Por administración fraudulenta, el fiscal pidió que sean condenados el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala a cuatro años años; a los exresponsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV Raúl Osvaldo Daruich a cinco años de prisión; a Mauricio Collareda a seis años; y a los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro,a tres años en suspenso; Juan Carlos Villafañe, a 6 años de prisión; a Raúl Gilbeto Pavesi, a cinco años de prisión y José Raúl Santibáñez, a cuatro años.
Fuente: La Nación / Hernán Cappiello
