Palacio de la Justicia Federal.

Tras 6 años de abandono, Misiones se hará cargo de terminar el "elefante blanco" de Santa Catalina y Centenario

El gobernador Oscar Herrera Ahuad y el flamante titular del Consejo de la Magistratura de la Nación, Alberto Lugones, firmaron una carta de intención por la cual el Estado provincial se hará cargo de reanudar las obras del edificio del Palacio de Justicia de Santa Catalina y Centenario.

Se trata de un veradero “elefante blanco”, una mole planeada para tener 14 pisos, que se licitó en 2012 y apenas se completó el 10 por ciento de la obra cuando en el 2016 se paralizó totalmente por falta de fondos y el abandono realizado por la empresa constructora Encim SA.

La obra fue encargada por el Consejo de la Magistratura de la Nación, que administra las cuestiones edilicias de la Justicia Federal en todo el país.

Elefante Blanco: Así se les llama a los edificios enormes que no se pueden terminar y quedan años abandonados. Foto (Primera Edición).

Ayer, Herrera Ahuad y Lugones se pusieron de acuerdo en Puerto Iguazú, donde se celebra la Cumbre de Magistrados sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana.

El acuerdo firmado preve que sea el Estado misionero el que “lleve adelante el proceso de licitación para seleccionar al contratista estatal, adjudicación y formalización del contrato, y demás actos concernientes a la oportuna ejecución de los trabajos públicos”.

De esta forma, el gobierno de Misiones anunció el rescate de un segundo edificio abandonado en el centro de la ciudad en las últimas dos semanas. Ya que hace unos días comunicó los planes para poner en valor el edificio del histórico Hotel Savoy, situado en Sarmiento y Colón.

Hoy serían unos 2.600 millones de pesos

En su momento, cuando se licitó el valor de la obra era de 67 millones de pesos que entonces equivalía a unos 13 millones de dólares (al valor de hoy, serían 2.600 millones de pesos).

Desde entonces, la Justicia Nacional dejó abandonada la obra, nadie se hizo cargo y mientras tanto la Justicia Federal siguió alquilando todos los edificios que ocupan sus juzgados en la capital misionera. Un verdadero despilfarro de fondos.

Además, cuando se licitó la obra por 67 millones de dólares en 2012 (el equivalente a 13 millones de dólares, según la cotización de entonces) se utilizó una buena parte de los fondos para adelantar compras de materiales (aberturas, carpintería, etc). Se trataba de materiales que todavía no eran necesarios y se iban a utilizar más adelante, cuando el edificio se estuviera terminando.

El titular del Consejod e la Magistratura, el camarista Alberto Lugones, y el gobernador, Oscar Herrera Ahuad.

Aparentemente, el contratista tomó un adelanto de 19 millones de pesos de entonces para comprar anticipadamente muebles, carpintería e instalaciones. Pero como le dieron los fondos un año después a lo previsto, pudo comprar solo una parte de lo que tenía planeado: “51% en el rubro carpintería, el 97% en mobiliario y el 85% en instalaciones termomecánicas” , según detalló en un informe publicada por el diario Primera Edición en octubre de 2016. 

Cabe destacar que era una práctica muy común por entonces, con una inflación que ya se había acelerado para nunca más volver a ser “normal”. Aunque se desconoce si esos fondos que se usaron para material que todavía faltaba mucho para utilizarse, estaban estipulados en el contrato de construcción.

Una de las inversiones más redituables en esta Argentina es la de comprar materiales para la construcción, cuya actualización en los valores supera frecuentemente a la inflación y al dólar oficial o “blue”.

Sin embargo, los fondos dejaron de llegar poco después del 2012, según afirmó el titular de la empresa constructora Ecim SA a Primera Edición.

Fuente: Primera Edición, Plan B, Prensa Gobierno de Misiones.

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