El juez federal de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda, ordenó al INYM suspender la aplicación de la resolución 170/21 por la cual se limitan nuevas plantaciones de yerbales a un máximo de 5 hectáreas a partir del 1º de enero próximo.
La medida fue solicitada por la firma La Cachuera, la segunda yerbatera misionera por tamaño. La suspensión de la aplicación de la medida solamente tiene efecto sobre esta firma, que hizo la presentación ante el juzgado de Paso de los Libres con el patrocinio del prestigioso constitucionalista Daniel Sabsay.
Al pedido de La Cachuera se sumó el Gobierno de la provincia de Corrientes, apoyando el pedido de la firma misionera y argumentando que esta decisión hace a cuestiones productivas que le interesan al gobierno que conduce Gustavo Valdes.
Los abogados del INYM hicieron su descargo, fundamentaron la decisión de limitar las plantaciones y también pidieron que interviniera el juez federal de Posadas, José Luis Casals. Este magistrado aceptó entender en la causa y pidió el expendiente a Fresneda, quien rechazó el pedido y al presentarse un conflicto de jurisdicciones elevó todo a la Cámara Federal de Corrientes.
Podría intervenir la Corte Suprema
La suspensión tendrá efecto hasta que la Justicia se expida sobre el amparo que presentó La Cachuera, por el cual se pide que se declare la inconstitucionalidad de la medida. Esta decisión, finalmente podría quedar en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Un antecedente bastante similar fue cuando la Municipalidad de Ituzaingó planteó un amparo contra la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para suspender las obras que derivarían en una suba de la cota. En ese entonces, el jefe de abogados de Yacyretá, Sergio Santiago, planteó la competencia de la Corte Suprema porque la cuestión afectaba a dos jurisdicciones: Corrientes y Misiones. Finalmente la Corte terminó fallando a favor de la EBY.
La medida de La Cachuera y de otras firmas yerbateras, como también de la provincia de Corrientes, era algo que se esperaba y ya se había anunciado. Ya que desde la sanción de la resolución 170/21, los industriales y el Gobierno de Corrientes avisaron que iban a impugnar la decisión ante la Justicia.