A veces son las situaciones extremas las que impulsan a soluciones audaces.
Sin la disolución de la CRYM y la larga crisis yerbatera de los años 90, jamás hubiera aparecido el INYM.
Y ahora que la desregulación yerbatera con sus bajísimos precios en la materia prima y la crisis de los colonos llegó para quedarse, reflotó un viejo proyecto que viene dando vueltas desde el 2017.
El Centro Misionero de Acopio, Comercialización y Promoción de la Yerba Mate (CEMACoP), una empresa con participación del Estado provincial y también de los productores, cooperativas y tareferos, que compra yerba canchada defendiendo un precio oficial fijado por un directorio de 9 miembros.

A diferencia del INYM, esta Centro de Acopio Yerbatero tendría enormes galpones (algunos sugieren utilizar los galpones que fueron de la CRYM, como los que hay en Santa Ana), compraría yerba canchada a secaderos y cooperativas, y pagaría a los productores que entregaron la materia prima a estos establecimientos.
Pero además, el Centro de Acopio Yerbatero tendría la facultad de acopiar, como su nombre lo indica, hasta 100 millones de kilos de yerba canchada.
Esa cantidad equivale a cuatro meses de abastecimiento al mercado interno. Hoy los stocks de yerba canchada que tienen las industrias, y que son la principal variable para impulsar el precio de la hoja verde hacia arriba o hacia abajo, estarían rondando los 12 meses de abastecimiento al mercado interno.

El Centro de Acopio tendría el poder de influir en los stocks de las industrias, “retirando del mercado” el equivalente a cuatro meses de abastecimiento o un tercio de los stocks actuales.
Se considera que cuando los stocks de canchada están por abajo de 8 meses, las industrias salen a pagar más y a competir más fuerte por la hoja verde para reponer existencias.
De esta forma, se crearía un ente que jugando con las reglas del libre mercado, influiría a favor de los pequeños productores buscando apuntalar el precio de la materia prima y haciendo competir más a las grandes industrias por la yerba.
Algo que se considera que no sucede hoy, porque, como se lo explicó el goberandor Hugo Passalacqua a Luis “Toto” Caputo en una carta, el mercado yerbatero es un oligopsonio: significa que unas pocas empresas se ponen de acuerdo y establecen un precio por la hoja verde, ante muchos productores que no tienen capacidad de organizarse y discutir de igual a igual con los compradores.
Lo que Passalacqua en su carta de 2024 le explicó a Caputo, es que las grandes empresas yerbateras nunca iban a competir por la materia prima, empujando el precio hacia arriba. Si eso pasara, no sería necesario ni el Centro de Acopio, ni el INYM ni ningún ente regulador de nada.
El texto del proyecto de Ley que presentó Cristian Castro, del PAYS este jueves en la Legislatura, en el siguiente PDF.
El debate en la Legislatura
Este jueves, el diputado del PAYS Cristian Castro, pidió en la sesión la preferencia para tratar el proyecto.
El Centro de Acopio es un proyecto que está identificado con Héctor “Cacho” Bárbaro, quien esperaba en la puerta de la Legislatura acompañado por productores del Alto Uruguay.
Tras la defensa del proyecto que hizo Cristian Castro, el presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad, rápido de reflejos, pidió que lo reemplazaran y bajó al recinto a hacer uso de la palabra.
Buscando que no se llevaran los laureles políticos por la defensa de los productores yerbateros, Herrera Ahuad explicó que el PAYS no fue a las comisiones a trabajar el proyecto y tampoco aprovechó el gobierno de Alberto Fernández para pedir fondos para financiar el Centro de Acopio.
Pero además, dio luz verde para apoyar el predido de preferencia y finalmente el borrador fue aprobado. Ahora deberá pasar a comisiones, donde se van a sumar otros proyectos similares que estaban cajoneados desde hacía tiempo.

Plan B dialogó con referentes del PAYS y de la Renovación y todos coincidieron en que las circunstancias cambiarios, ahora con libre mercado y un Gobierno Nacional que no escucha, el Centro de Acopio podría tener un rol claro en un sector que se rige por una oferta y demanda que perjudica al pequeño productor.
Sin embargo, el gran problema es que hacen faltan unos 120.000 millones de pesos, aproximadamente, para que este veradero “mounstro” yerbatero pueda salir a comprar materia prima, pagarla e impulsar los precios hacia arriba.
Hasta el propio Cristian Castro, cuando terminó de presentar el proyecto, dijo: “Yo se que en estos momentos es difícil conseguir los recursos”, y pidió avanzar con otras dos propuestas del PAYS, como prohibir nuevos yerbales y dar una certificación de origen (“yerba misionera”) a los paquetes del producto que salen de la tierra colorada.
Plan B/ 6-9-2025