La Justicia Federal ordenó la reapertura de una causa de 1976 por la voladura que hizo la organización Montoneros a un comedor de la sede central de la Policía Federal, en la que murieron 24 personas, incluyendo una mujer civil.
La Sala 1 de la Cámara Federal ordenó la indagatoria de Mario Firmenich, el ex jefe de Montoneros, por esa causa que reabrió al considerarla imprescriptible por ser un delito de “lesa humanidad” y “una violación a los derechos humanos”.
La bomba que un infiltrado de los Montoneros colocó en una silla, cubierta por un sobretodo, en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, a las 13 horas del 2 de julio de 1976 y estalló 20 minutos más tarde, mató a tres oficiales de la Policía Federal, 20 suboficiales y una mujer civil, que había ido a visitar a una amiga. Ese fue el trágico saldo del atentado más sangriento que se produjo en la Argentina en la violenta década del 70, publicó el diario La Nación.
El responsable fue identificado como José María Salgado, de 21 años, que había cumplido el servicio militar en la Policía, mientras mantenía una activa militancia en la organización armada, que ya actuaba en la clandestinidad.
La decisión intelectual del ataque fue de la cúpula de Montoneros, liderada por Firmenich, aún cuando Salgado había advertido que los que frecuentaban ese comedor no eran los jefes máximos de la Policía Federal sino personal de baja graduación, incluídas mujeres que pertenecían al área administrativa.
Ese mismo día, momentos después de la explosión, un comunicado de la organización se atribuía el hecho, anunciando: “A nuestro pueblo: En la mañana del día de la fecha, el pelotón de combate “Sergio Puigrós” del Ejército Montonero, aprovechando una falla en el dispositivo de vigilancia y control de la Superintendencia de Seguridad Federal (ex Coordinación Federal), colocó en su sede central un artefacto explosivo. Cumplida su misión, los compañeros se retiraron sin novedades y, posteriormente, tal como estaba planificado, el artefacto detonó a las 13.20 en el comedor de esa dependencia. Los medios de información del Ejército Montonero estiman en 85 el número de bajas causadas al enemigo, de los cuales 25 son muertos. No se descarta el que esta cifra pueda llegar a ser superior. Los daños causados al edificio son importantes, estimándose que la capacidad operativa de este centro represivo quedó seriamente afectada por un lapso de tres meses. Este hecho de guerra demuestra —como lo demostraron en su momento, las ejecuciones de los torturadores Villar y Cardozo— que no puede haber lugar seguro para los que responden a la resistencia de los trabajadores con el secuestro, el asesinato y la tortura. Viva la patria. Hasta la victoria final. MONTONEROS” .
La reapertura de la causa
El fallo de la Sala I de la Cámara Federal, con la firma de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, señala que no hubo investigación posterior del hecho.
“Los casi treinta años transcurridos desde que acaecieron los hechos hicieron que la primera respuesta judicial pronunciada fuera la extinción de la acción penal y así nadie se encargó -nunca- de tratar de descubrir quiénes fueron los responsables del atentado, y mucho menos, de juzgar sus conductas por ese acto. El silencio fue entonces absoluto. Nada, nunca, jamás, permitió oír el eco de las muertes y las heridas. La monopolización del discurso colectivo permitió, entonces, acallar la real dimensión del hecho”, señala el fallo judicial.
Menciona la Cámara que “la ofensiva desplegada procuró ser ahogada con el más profundo silencio, optando por acudir al despliegue de un plan de represión brutal e ilegal, sin lugar en los tribunales con claro apartamiento de las víctimas, como si estas nunca hubieran existido”.
La Cámara ordenó que se tome testimonio de inmediato a quienes resulten víctimas en este proceso y además dispuso “considerando la pública y notoria posición de mando de Mario Eduardo Firmenich” dentro de Montoneros “prever su citación” a prestar declaración indagatoria.
La reapertura de la causa que tramitó en el juzgado de María Servini fue impulsada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, junto a otras entidades civiles.
Plan B/ La Nación / Hernán Capiello / 19-12-2024
