En respuestas enviadas por escrito a la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, sostuvo que el mercado de la yerba mate atraviesa una etapa de “recuperación” impulsada por la desregulación aplicada a través del DNU 70/2023. El informe forma parte del Informe de Gestión 145, previo a la exposición del funcionario en el Congreso.
Desde el Gobierno nacional rechazaron los planteos de legisladores opositores sobre una supuesta crisis estructural en el sector y defendieron la eliminación de facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Según la respuesta oficial, las modificaciones permitieron “flexibilizar la comercialización” y promover “la libre competencia” entre productores e industria.
El Ejecutivo argumentó que la eliminación de precios mínimos y herramientas de control como la “Hoja de Ruta” y los “Libros de Stock” facilitó la negociación directa dentro de la cadena productiva. Además, cuestionó los antiguos cupos de plantación al considerar que “limitaban la expansión de productores eficientes”.
En ese marco, la administración del presidente Javier Milei defendió el modelo de mercado abierto y aseguró que “el sector ha ingresado en una fase de sinceramiento y recuperación”.
Como respaldo, el informe oficial destacó que el consumo interno de yerba mate creció un 3,11% interanual en 2025, alcanzando las 266.834 toneladas. A su vez, remarcó un “récord histórico” en exportaciones, con 60.085 toneladas enviadas al exterior, lo que representó un incremento del 31,4% respecto al año anterior.
“El sector ha alcanzado los mejores indicadores comerciales de su historia reciente”, señalaron desde la Secretaría de Agricultura, al tiempo que afirmaron que Argentina logró consolidarse como el principal exportador mundial de yerba mate, superando a Brasil.
Otro de los puntos centrales de la defensa oficial fue la utilización de los stocks acumulados. Según el documento, la desregulación permitió que la industria dejara de producir únicamente para almacenar bajo precios regulados y comenzara a volcar ese excedente tanto al mercado interno como a las exportaciones.
En esa línea, el Gobierno insistió en que el esquema anterior estaba basado en un “intervencionismo estatal” y contrapuso la actual política orientada a la “competitividad global”. También descartó la necesidad de intervenir para fijar precios de la hoja verde y sostuvo que “la no intervención ha permitido alcanzar indicadores récord que el modelo regulado nunca logró”.
Respecto a los productores medianos, especialmente aquellos con explotaciones de entre 30 y 40 hectáreas, el Ejecutivo indicó que su sostenibilidad dependerá “del dinamismo de la cadena” más que de políticas de asistencia directa. En ese sentido, mencionó como herramientas complementarias el acceso a financiamiento a través del Banco Nación y la continuidad del Programa Intercosecha.
Asimismo, el informe vinculó la mejora del sector con variables macroeconómicas, al destacar que la baja del déficit fiscal, la desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria contribuyen a generar mayor previsibilidad en costos como combustibles, fertilizantes y transporte.
Sin embargo, la postura oficial contrasta con las advertencias que vienen realizando productores de Misiones y Corrientes, quienes denuncian una fuerte caída en el precio de la hoja verde —ubicado entre 180 y 240 pesos por kilo— muy por debajo de los costos de producción, estimados en más de 500 pesos.
En ese contexto, mientras el Gobierno nacional sostiene que el mercado muestra señales de recuperación, en las principales provincias productoras persiste la preocupación por la rentabilidad y la sostenibilidad de la actividad.
Plan B / 29-4-2026
