En medio de un clima de creciente tensión entre el Gobierno Nacional y la prensa, la administración de Javier Milei resolvió restringir en el día de hoy el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, una medida inédita en períodos democráticos recientes y que generó un fuerte rechazo en el ámbito periodístico.
Además, la medida tuvo a dos misioneros como protagonistas, a “ambos lados del mostrador”: uno es Pedro Lacour, acreditado en la Casa Rosada y periodista de Diario AR. El otro es Javier Lanari, el Secretario de Prensa, quien incluso fue a dialogar con los periodistas desplazados el día de hoy, buscando mantener un canal abierto de diálogo.
Según publicó La Nación, la disposición alcanzó a unos 60 cronistas que cubren diariamente la actividad en Balcarce 50.
La Casa Rosada dio unos argumentos que no convencieron a nadie. Según fuentes oficiales, la decisión responde a dos motivos: una investigación por una presunta infiltración en medios y una denuncia penal por presunto espionaje ilegal contra periodistas del canal Todo Noticias.
Desde el entorno oficial señalaron que se trata de una acción “preventiva” vinculada a la seguridad nacional, que incluye la suspensión del acceso mediante huellas dactilares hasta que avance la causa judicial.
La medida se hizo efectiva a las 8 de la mañana de este jueves, cuando los cronistas intentaron ingresar por los accesos habituales. Los trabajadores informaron que sus datos biométricos habían sido eliminados del sistema, impidiéndoles el paso a través de los molinetes de seguridad.
“Nos dejaron afuera sin aviso”: el relato de Pedro Lacour
Pedro Lacour, periodista misionero que trabajó en La Nación (habitualmente también escribe columnas para Plan B) y actualmente lo hace en el medio Diario AR, aportó una mirada directa desde el lugar de los hechos y puso en duda la forma en que se implementó la medida.
En diálogo con Plan B, describió el desconcierto generalizado: “Hoy nos dejaron afuera de la Casa Rosada. Así, sin aviso. Llegamos como cualquier otro día y nos encontramos con la reja cerrada y cero explicaciones. Después supimos que la decisión ya había sido tomada anoche”, expresó.
Lacour insistió en la falta total de comunicación previa y en la incertidumbre que generó la situación entre los trabajadores de prensa: “Al principio fue desconcierto. Empezamos a preguntarnos entre todos qué estaba pasando, a ver si a alguien le habían dicho algo. Nada”, dijo.
Recién con el correr de las horas, según relató, llegó una explicación oficial vinculada a la causa contra TN, aunque remarcó un punto clave: “Lo más llamativo es que no se trataba de ninguna orden judicial”. Además, cuestionó los fundamentos: “Nos dijeron que tenía que ver con ‘tener el espacio liberado para hacer las respectivas inspecciones’, pero lo que sospechamos es que es solo una excusa. Si de verdad fuera solo eso, nos podrían dar un plazo determinado. Pero no”.
También aportó detalles de una reunión con autoridades del área de Comunicación: “Tuvimos la reunión con el secretario de Prensa de la Presidencia, Javier Lanari y el argumento del Gobierno es que esto no tiene que ver con nosotros en sí ni con los medios en sí, sino que es una medida para tener la Casa Rosada liberada y avanzar en investigaciones dentro de la Casa Rosada. Me parece una excusa, principalmente porque no hay una medida judicial”.
Y volvió a poner el foco en el origen de la decisión: “No fue el juez Ariel Lijo el que tomó esta decisión, fue Casa Militar, entonces, obviamente es una excusa”.
En ese sentido, también llevó tranquilidad parcial sobre la continuidad del trabajo periodístico: “Nos aseguran que la sala no se va a cerrar y que las acreditaciones no fueron retiradas, pero que sí lo único que se modificó es el ingreso por huellas dactilares”, aseguró.
Periodista misionero, acreditado en Casa Rosada, capturó la foto del año y fue tapa de Clarín
Denuncia, tensión y reclamo por la libertad de prensa
La decisión se conoció luego de que la Casa Militar —dependiente del área que conduce Karina Milei— presentara una denuncia penal tras la difusión de imágenes grabadas dentro de la sede gubernamental en un programa conducido por Luciana Geuna. La causa quedó a cargo del juez Ariel Lijo.
Además de Geuna, la acusación alcanzó a Ignacio Salerno, periodista acreditado por TN en la Casa Rosada, a quien, al menos momentáneamente, se le suspendió la acreditación, según pudo saber LN.
Con la denuncia se asegura que se “procura poner en conocimiento de la autoridad judicial el despliegue de actividades subrepticias e ilegales dentro de la Casa de Gobierno”. Y se alude a que, “bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial, lo cual expuso a los funcionarios a riesgos injustificados y, probablemente, generó las condiciones para revelar secretos de Estado relacionados con la rutina del señor Presidente y el funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”.
Para las autoridades de Casa Militar, “la intromisión, exhibida de forma temeraria en televisión y redes sociales, se apartó groseramente de la reglamentación aplicable”, tras lo que citaron a la Resolución 1319 del año pasado de la Secretaría de Comunicación y Medios. Y que también se “de los estándares de buena práctica profesional correspondientes a l a labor de los cronistas acreditados en la Casa Rosada”.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es resguardar la seguridad institucional. En ese sentido, el funcionario de comunicación Javier Lanari expresó públicamente: “Aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional…”. Sin embargo, la medida fue cuestionada por su alcance generalizado y la ausencia de una orden judicial que la respalde.
En paralelo, el propio Javier Milei reforzó el conflicto con duras expresiones contra el periodismo en redes sociales, profundizando un escenario de confrontación que ahora suma restricciones concretas al trabajo en la Casa de Gobierno. “BASURAS REPUGNANTES Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!”, expresó el Presidente en su cuenta de X.
Frente a este contexto, los periodistas acreditados difundieron un comunicado conjunto en el que denunciaron que la medida es “discrecional” y “sin notificación previa”, y advirtieron que representa “una avanzada explícita contra la libertad de prensa, el ejercicio de la profesión y el derecho de acceso a la información”.
A pesar de la comunicación oficial, desde la Secretaría de Prensa no se brindaron precisiones sobre la vigencia de esta prohibición. Hasta el momento, se desconoce si la medida es transitoria o si se establecerá un nuevo protocolo de acreditación para los medios de comunicación.
Esta situación se suma a otros antecedentes recientes de limitaciones a periodistas en Casa Rosada. En semanas previas, el Gobierno ya había denegado el acceso a determinados medios afectados con presuntos financiamientos provenientes de Rusia.
El Gobierno sostuvo que dichas organizaciones tenían objetivos orientados a la desestabilización política interna.
Mientras tanto, el testimonio de Lacour resume el clima que atraviesa la sala de prensa: incertidumbre, falta de explicaciones claras y sospechas sobre el verdadero alcance de una decisión que, por ahora, mantiene cerradas las puertas de la Casa Rosada a quienes deben cubrirla día a día.
Plan B / La Nación / 23-4-2026
