Mientras Rio de Janeiro todavía está conmocionada por el operativo que dejó más de 200 muertos, en el cual la Policía atacó dos favelas controladas por el grupo criminal Comando Vermhelho, hace dos meses Brasil le dio el mayor golpe económico de la historia al crimen organizado, denominado “Carbono Oculto”.
El jueves 28 de agosto, en una de las operaciones policiales más ambiciosas contra el crimen organizado, las autoridades fueron contra el entramado de negocios de la economía formal que utiliza para lucrarse y lavar el dinero de sus negocios ilícitos.
Unos 1.400 agentes de varios cuerpos policiales fueron desplegados en ocho de los 27 Estados brasileños para detener a unas 40 personas y registrar 255 empresas.
En la mira de los investigadores, el Primeiro Comando da Capital (el PCC), la mafia más poderosa de Brasil, que tiene unos 35.000 miembros y, además de dedicarse al tráfico de drogas, ha creado una amplia cartera de negocios ilegales y legales.
La operación ha desmantelado una red con la que el PCC gestionaba unas mil estaciones de servicio y unos 40 fondos de inversión.
“Con esta operación, inauguramos una nueva forma de trabajar. Intentamos desmantelar la refinería del crimen organizado”, ha declarado el ministro de Hacienda, Fernando Haddad.

La mecánica era la siguiente: el dinero que el PCC ganaba con la venta de combustibles lo invertía en la compra de empresas, incluidas plantas de producción energética, o lo ingresaba fondos de inversión.
“Podría convertirse en un Narcoestado”
Uno de los principales impulsores del combate al PCC es el fiscal Lincoln Gakiya, que entrevistado por el diario O Globo tras ese operativo, explicó en una extensa entrevista que el PCC alcanzó el máximo nivel de poder desde que se fundó en las cárceles paulistas, el grupo consolidó una fuerte presencia en la economía formal y diversificó sus fuentes de financiamiento.
Gakiya afirmó que a pesar de celebrar los resultados de aquella mega operación, el país no avanzará si no crea una agencia que coordine acciones contra el crimen organizado. Para el fiscal, no se hace nada diferente, “Brasil corre el riesgo de convertirse en un narcoestado en las próximas décadas”.
Gakiya destacó que la infiltración del PCC en el sector financiero ya había sido revelada en operaciones anteriores, como Sharks, que detectó el uso de fintechs y cambistas para enviar dinero a Paraguay.
En la operación Carbono Oculto, quedó en evidencia un sistema más sofisticado, que involucra la adulteración de combustibles, evasión fiscla, fraude al consumidor, con empresarios ligados o asociados a la facción.
El fiscal resaltó que la mafia de combustibles no se restringe solamente al PCC. Empresarios del sector, que no integran formalmente la facción, pueden actuar en asociación para obtener ventajas y reducir riesgos. Afirmnó que el PCC utiliza estaciones de servicio, usinas, refinerías, e importación de insumos para mover capital y que por eso es dificil dimensionar la presencia del PCC en la economía formal.

Según Gakiya, el PCC ya puede ser clasificado como una organización mafiosa. El grupo deja de lado la ostentación de violencia armada, para priorizar el lavado de grandes volumenes de dinero, sobre todo, provenientes del tráfico internacional de cocaína hacia Europa.
De acuerdo a Gakiya, el PCC ya está presente en 28 países, expandió influencia sobre diferentes sectores de Brail. Opera en todos los países limítrofes, tiene fuertes operaciones de lavado en Paraguay y también está en la Argentina. Misiones ha presenciado crimenes en la zona de la frontera seca con Brasil que investigadores vinculan a la operación de células del PCC que operan el contrabando.
Para Gakiya, si sigue avanzando y no es detenido, se corre el riesgo de fomar un estado paralelo, con progresiva ocupación de espacioes en el Legislativo, Ejecutivo y la esfera federal.
Hermandad que nació hace 30 años
El PCC es una hermandad de criminales que nació hace tres décadas en una prisión de São Paulo tras la peor matanza en una cárcel brasileña. Su objetivo original, defender los derechos humanos más básicos de los reclusos. Con el tiempo, pasó a dominar decenas de prisiones e impone su ley en cientos de barriadas, además de crear un lucrativo negocio de tráfico de drogas.
Desde haces unos años es una multinacional del crimen que premia el emprendedurismo entre los delincuentes. Las autoridades brasileñas calculan que, además de unos 30.000 miembros en territorio nacional, que pagan una cuota, tiene unos dos mil miembros repartidos en una treintena de países extranjeros, incluidos todos los latinoamericanos, varios europeos, Turquía e incluso Japón. Su creciente infiltración en la economía formal preocupa enormemente a autoridades.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, ha destacado que esta megaoperación supone “un prometedor avance”. Y ha añadido: “Durante mucho tiempo, hemos presenciado la migración de [el crimen organizado] desde la ilegalidad hacia la legalidad”.
Esta operación policial inédita ocurre en un momento en que el Gobierno de EEUU presiona a los países latinoamericanos para que organizaciones del crimen organizado, como las brasileñas PCC y el Comando Vermelho, sean declaradas grupos terroristsa internacionales. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se opone a esa clasificación. La relación entre ambos países vive su peor crisis en dos siglos.
La Administración Trump ha castigado a Brasil con aranceles y sanciones a jueces para librar a su aliado Jair Bolsonaro de rendir cuentas ante los tribunales por intentar perpetrar un golpe de Estado.
Ganancias
La Hacienda brasileña estima que la organización mafiosa ganó unos 52.000 millones de reales (más de 8.000 millones de euros, casi 10.000 millones de dólares) entre 2020 y 2024 con la venta de combustibles en Brasil y otros 10.000 millones de reales con la importación de gasolina. Las autoridades han ordenado bloquear bienes por valor de 1.400 millones de reales.
En el capítulo de las empresas financieras, el PCC había creado una amplia estructura que incluía gestores de activos bursátiles, diversos tipos de fondos de inversión, incluidos algunos dedicados al negocio inmobiliario. Una de las empresas acusadas, Inversiones REAG, se ha desplomado un 17% en la Bolsa de São Paulo después del registro policial de su sede.
La operación incluye órdenes de arresto y registro en los Estados de São Paulo, Río de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná y Santa Catarina. Dos años han durado las pesquisas y los preparativos para lanzar esta amplia operación.
Los investigadores sostienen que el PCC prácticamente tenía secuestrado el sector de los combustibles. Trabajaba con gasolina, diésel, etanol y metanol. Las empresas energéticas multinacionales han luchado durante años para erradicar el crimen organizado de sus redes de distribución en Brasil, informa Reuters.
La mafia tenía, según la Policía, una amplia red de gasolineras, unos 1.600 camiones para la distribución y controlaba incluso el refino y la infraestructura portuaria.
Para el ministro Haddad esta operación es una muestra de que, “a medida que el crimen se sofistica, el Estado tiene que sofisticarse en el combate al crimen”. El complejo entramado creado por el PCC reducía el dinero en efectivo —siempre complicado de almacenar y, en estos tiempos, de blanquear— y la necesidad de paraísos fiscales para moverlo.
Plan B 31-10-2025/ Diario El Pais 28-8-2025 /

