Por Alfredo Schiavoni
Toda vez que se plantean las crisis cíclicas del sector yerbatero, invariablemente se remite a los bajos precios y la sobreoferta de materia prima.
Estas crisis recurrentes, de desajuste entre la oferta y la demanda, se producen en ratios de aproximadamente ocho años.
Los productores primarios argumentan con la grilla de costos más una ganancia razonable, versus la pretensión de la industria molinera de pagar lo menos posible en función del sobre estoqueo.
Son disputas históricas, en realidad las dos caras de una misma moneda. La solución clásica utilizada bajo diversas maneras a lo largo de la historia, es la intervención del estado nacional (Crym, Inym, etc.), u ocasionales ayudas del estado provincial.
Cada vez que estas crisis hacen eclosión, los funcionarios provinciales de turno, viajan a CABA en demanda de soluciones. La ficción de que el INYM resolvía el problema, se estrella contra la realidad de que casi en el 70% de los casos, el precio de la yerba fue laudado por el secretario de Agricultura de la Nación, no fue fruto de acuerdo entre sectores.
Así mismo, resulta complejo aceptar esa vocación intervencionista durante períodos de tiempo tan prolongados, en función de que las crisis yerbateras como ya lo mencionamos, son cíclicas.
No se reducen exclusivamente a una situación determinada por cuestiones climáticas o biológicas de carácter excepcional, o por eventos económicos vinculados a la paridad cambiaria, o aún por alguna cuestión de orden político como un conflicto bélico que altere la ecuación de la demanda.
Se pretende generar una intervención permanente desde el Estado para que compense los bajos precios ocasionados por la sobre producción para atender siempre, más o menos, la misma demanda.
Y ese es uno de los principales desvíos en el análisis convencional. Soslaya básicamente, o intencionalmente, una de las puntas de cualquier negocio productivo: el comportamiento de la demanda. La demanda considerada en términos globales, ya sea interna, externa, de diferentes formas de consumo, de otros productos que contengan yerba pero que no sean específicamente yerba mate.
Toda la demanda de yerba. Entendiendo que la yerba mate no es un commodity, y que no es Argentina el único país productor del mundo, con una demanda interna estabilizada y un mercado externo cada vez más competitivo, sumada a la dificultad de generar nuevos mercados para la forma tradicional de consumo.
En este contexto debemos considerar también, que a lo largo del tiempo las industrias yerbateras se han ido integrando, es decir en muchos casos se auto proveen gran parte de la materia prima (hoja verde). Generan y satisfacen su propia demanda. Esto es muy explícito en el sector cooperativo.
No parece viable desde el punto de vista económico, que las arcas del estado sostengan in eternum los desajustes entre oferta y demanda en el sector yerbatero.
Irresponsabilidad
Pensar que la solución pasa por fijar precios de cumplimiento obligatorio, obviando lo que ocurre con los costos de producción y la demanda global, es cuanto menos irresponsable. Otro tanto podría solicitar el sector maderero, o el tealero, e inclusive los tabacaleros y los mandioqueros.
En Misiones, podríamos establecer precios altísimos para todas nuestras producciones prescindiendo si la demanda está dispuesta a consumirlos o no a esos valores. Con el aporte de los contribuyentes y el viaje de algún funcionario, él magnánimo estado nacional, pagaría siempre las diferencias compensatorias…
Desde nuestro punto de vista, habría que analizar el sector agropecuario de Misiones, considerando la producción yerbatera como una parte del mismo, pensando que las eventuales soluciones deben contemplar la totalidad del universo productivo misionero y no exclusivamente la yerba. No parece acertado descargar sobre una sola producción, el destino de la economía provincial.
Tampoco luce sano que nuestro producto bruto geográfico esté anclado a un monocultivo. Así mismo, no parece saludable caer en el reduccionismo tradicional de producción primaria versus industria. Como ya mencionamos, es creciente el grado de integración productiva. O el facilismo de encasillar la disputa entre productores grandes versus productores pequeños.
Es natural en el sistema capitalista, que quienes tienen resto financiero o espaldas anchas pretendan sacar ventaja del agente económico más pequeño. Tan es así, que existe legislación específica tendiente a corregir estos desvíos del sistema. La ley 27.442, promulgada en 2018, de Defensa de la Competencia, tiene como objetivo corregir los abusos que las posiciones dominantes producen en los mercados. Nunca, a lo largo de su existencia, el INYM recurrió a ella.
Tomando en cuenta estas consideraciones, se puede abordar la búsqueda de soluciones a los desafíos del sector de la producción agropecuaria en su totalidad, en nuestra provincia.
Plan B/ Alfredo Schiavoni, diputado nacional por el PRO (MC).
