La Justicia de Comodoro Py rechazó por “infundada” la denuncia que presentó el 13 de agosto pasado el diputado provincial del PRO, Miguel Nuñez, donde solicitaba que se investigara si se cometió algún ilícito en relación a las compras de bioinsumos que el Estado provincial le hace a la firma Agrosustentable, radicada en el Parque Industrial Posadas.
El diario Primera Edición accedió a la resolución del juez a cargo del juzgado en lo Criminal y Correccional N°6, Ariel Lijo (el mismo que propone Javier Milei para integrar la Corte Suprema) y publicó que ese juzgado desestimó el 2 de octubre pasado la denuncia penal por “infundada”.
A través de la resolución de la secretaría Nº12 de ese juzgado, a cargo de Alejandro Echegaray, se ordenó archivar las actuaciones por falta de pruebas que ameriten la apertura de una investigación penal.
El juez Lijo en los considerandos de la resolución opinó que los opositores, sin pruebas contundentes, realizaron lo que en la jerga se denomina “una excursión de pesca”, es decir, le pidieron a la Justicia que indague a ver si encontraba algo, pero sin aportar indicios fuertes como para que se aceptara realizar esas indagaciones.
Plan B accedió a la denuncia presentada por Nuñez y la misma, efectivamente, abarca muchos aspectos que generan suspicacias respecto a Agrosustentable y el fuerte apoyo que recibe del Gobierno provincial, pero no es contundente ni concreta en nada en particular.
Luego de argumentar la falta de consistencia de la denuncia, el juzgado resolvió “Archivar la presente causa N° 3235/24 por no poder proceder, en los términos del art.180 -in fine- del CPPN”.
El diputado del PRO había ido a Comodoro Py el 13 de agosto de este año junto al mencionado letrado que aparece en numerosas denuncias contra el Estado misionero.
De hecho tanto él como su sector político (incluyendo a productores y dirigentes de la Federación de Asociaciones Rurales de Misiones – FARM) se encargaron de difundir y hasta manifestarse por el tema.
Sin pruebas y con especulaciones políticas
En los argumentos de la sentencia judicial se sostuvo que la presentación del pedido de investigación de una posible comisión de delito se hizo en base a especulaciones, por un discurso dado en el debate de la sesión donde se aprobó la Ley de Bioinsumos y la prohibición del uso de glifosato; donde un legislador oficialista saludó a un directivo de la firma Agrosustentable, que comercializa bioinsumos.
En ese sentido, el juez Lijo advirtió que “la puesta en marcha de una investigación penal en un Estado de Derecho, demanda la existencia de una sospecha suficiente, indicativa de la comisión de un delito determinado” y la ausencia de ello sugiere lo que la doctrina denomina “excursión de pesca”, con la consecuente asignación de recursos que demandaría la realización de una búsqueda sin pruebas ni hechos concretos para investigar.
Pedido de informes
Aun así, el Juzgado Criminal y Correccional 6 pidió informes al SENASA respecto a un punto pedido en el escrito del productor rural y legislador.
Incluso Nuñez pidió una inspección a la empresa instalada en el Parque Industrial para la verificación, a lo cual se solicitó al propio SENASA que la realice para determinar la certeza ( quedó la acción bajo actuación 0002 – IF-2024-72574712-APN-DGTYA%SENASA, del expediente incorporado al legajo digital el 16/09/2024).
“…el Director Esteban José Sampietro, a cargo de la Dirección de Estrategia y Análisis de Riesgo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, emitió su opinión concluyendo que ‘…en las inspecciones no se halló el producto denunciado’”.
Plan B/ Primera Edición / 7-10-2024
