Esta mañana se realizó la primera reunión del Comité de Crisis, encabezada por Hugo Passalacqua, el vicegobernador, Lucas Romero Spinelli; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez y el jefe de Gabinete, Ricardo “Kiko” Llera, junto a los jefes de Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia y otras fuerzas federales.
Tras evaluar la situación llegó la reacción oficial a la protesta policial que hoy cumple su segundo día: para el gobierno se trata de “un pequeño grupo” de retirados y policías activos que incurrió en varios delitos, y ya los denunció penalmente.
Además, dejó entrever que desalojará el piquete en la Avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico, aunque sin dar precisiones sobre la forma y el momento en que se realizará esto.
“Dentro de la Ley todo, fuera de la Ley nada”, señaló el Gobierno, a través de Marcelo Pérez, que ofició de vocero del Comité de Crisis con un video que grabó, escoltado por un jefe de Gendarmería Nacional y otro de la Policía Provincial.
Pérez explicó que van a desalojar por orden del juez el corte de la Avenida Uruguay, aunque no dio precisiones sobre cuándo será.
Y también dejó en claro que para el Gobierno, no se trata de una protesta salarial. Pérez afirmó que los uniformados misioneros ya tuvieron tres incrementos salariales contando el que toca este fin de mes, que “superan la inflación”.
A esta reacción del Comité de Crisis, se sumaron los apoyos de los otros dos poderes del Estado misionero: el Superior Tribunal de Justicia y la Legislatura, que adhirieron a esta visión de que los manifestantes son un pequeño grupo que infrigieron la Ley.
La Cámara de Representantes divulgó un proyecto de declaración para expresar “su más enérgico repudio al accionar violento e intimidatorio de un pequeño grupo de efectivos activos y pasivos de la Policía de Misiones en la madrugada del viernes 17 de este mes, frente al edificio del Comando Radioeléctrico I de la ciudad de Posadas. Estos actos dieron lugar a la alteración del orden público y de la tranquilidad característica de nuestra comunidad, constituyendo así un acto de sedición”.
En tanto, el STJ, emitió una resolución extraordinaria ante los “actos de sedición por parte del personal de la fuerza policial provincial que son de público conocimiento los cuales alteran la tranquilidad y la paz social que caracterizan a esta provincia”.
Tras el cónclave habló Marcelo Pérez, quien grabó un video para explicar la situación.
“En el día de ayer hemos realizado las denuncias penales pertinentes contra aquellas personas con estado policial que han cometido, entre otros delitos, robo y hurto calificado, sedición e incitación a la violencia, interrupción de comunicaciones y transporte, entre otros delitos”, dijo Perez.
“El juez penal ha ordenado la restitución de los bienes del Estado y el despeje de este sector donde están protestando este pequeño grupo de retirados y policías activos”, señaló Pérez.
“Entre los bienes afectados se encuentran móviles policiales, un inmueble, un autobomba, todos bienes que han sido adquiridos con dinero del pueblo de la provincia de Misiones, del esfuerzo de cada uno de los misioneros. Hemos también ordenado la evaluación y cuantificación del daño que esta protesta ha causado para cobrársela a aquellos que han encabezado y participado de la protesta”, dijo.
“Si bien en el día de hoy aparenta una protesta salarial, el Gobierno provincial en cinco meses ha otorgado tres aumentos salariales que superan el índice de inflación. Para poner un número como ejemplo, un suboficial mayor de la ciudad de Posadas en el mes de enero cobraba 489.895 pesos, en el mes de mayo cobrará 818.175 pesos”, señaló.
“Agradecer al ministerio de Seguridad de la Nación y a la ministra Patricia Bullrich por estar a disposición de la provincia desde el momento uno”, dijo.
“Estamos trabajando activamente para que la sociedad misionera continúe con sus actividades de manera normal, pacífica siempre con estricto apego a la Ley y el Orden, dentro de la Ley todo, fuera de la Ley absolutamente nada”, completó Pérez.
