Por Juan Gutiérrez
Roberto Bonetti, un vecino del Teyú Cuaré, en San Ignacio, denunció la situación que viven los propietarios de tierras de esa zona debido a las usurpaciones por parte de grupos que se identifican como parte de la comunidad Mbya guaraní.
En una charla con Plan B, Bonetti relató que lleva cuatro años lidiando con esta situación y que “las autoridades locales facilitaron el ingreso de estas comunidades a la zona tras la sanción de la Ley 26.160, la cual declara la emergencia territorial indígena y prohíbe los desalojos en todo el país”.
Señaló que es una región donde están las Ruinas Jesuíticas y que fueron “algunos intendentes los que trajeron hace algunos años a estas comunidades indígenas y las plantaron después de la sanción de la mencionada ley. No se sabe si lo hicieron para conseguir más votos o por otros intereses. Hicieron un fraude con el relevamiento territorial, que lo llevó a cabo el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”, destacó.
Además, el lugar en disputa no es cualquier área. Bonetti subrayó el valor ecológico y turístico de Teyú Cuaré, lo que añade sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de estas usurpaciones.
“Es una zona muy valiosa en términos ecológicos porque tiene un tipo de suelo diferente al resto de Misiones y de Argentina. Tenemos un bioma, un ecosistema único en el mundo y por eso hay muchas reservas naturales”, explicó.
Sin embargo, el comportamiento de los ocupantes Mbya estaría causando graves daños a la biodiversidad del lugar. “Esta gente es cazadora, recolectora y arrasa todo. En términos ecológicos es un modo de vida incompatible con el lugar”, agregó.
Una de las mayores preocupaciones de Bonetti y otros vecinos es la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades provinciales y nacionales.
A pesar de las órdenes de desalojo que se emitieron en diferentes ocasiones, estas no fueron ejecutadas.
“La autoridad política provincial claramente los avala. Aquí hay propiedades que están usurpadas desde el año 2016. En 2020 se usurparon más propiedades, y en 2022 algunas más. A los vecinos nadie los defiende porque hubo órdenes de desalojo y no se acataron”, lamentó Bonetti.
Sin defensa
“Parecería como que está mal visto actuar contra los supuestos pueblos originarios, pero los argentinos que pagamos impuestos y tenemos títulos de propiedad no tenemos quien nos defienda”, remarcó.
El rol de los medios de comunicación también ha sido motivo de críticas por parte de Bonetti, quien acusa a algunos medios oficialistas de manipular la opinión pública para favorecer a las comunidades indígenas en estos conflictos territoriales.
“La mayoría de los medios son oficialistas y esta es la clave para entender que el Estado provincial está avalando las usurpaciones”, denunció. “Intentan instalar un relato de que estas comunidades son los dueños y nosotros, los propietarios, somos los intrusos. Se manipula continuamente la opinión pública en Misiones a favor de los supuestos pueblos originarios”, insistió.
El vecino de Teyú Cuaré enfatizó que esta situación ha generado un clima de tensión constante entre los habitantes de la zona, quienes viven bajo la amenaza de perder sus tierras. A pesar de la gravedad de esta problemática, Bonetti resaltó la falta de respaldo por parte de las autoridades.
“Nosotros estamos esperando una respuesta del Gobierno Nacional”, comentó con cierta esperanza de que finalmente se tomen medidas.
Para Bonetti, detrás de las comunidades indígenas hay una organización más grande que está promoviendo estas usurpaciones.
“Acá los que manejan todo esto no son los propios Mbya. Hay una organización llamada ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen), y tenemos pruebas de que ellos son los que estarían adoctrinando y entrenando a esta gente”, aseguró. Según su testimonio, recientemente se habría producido un ataque violento cuando seis minibuses llenos de aborígenes llegaron al lugar para desalojar a una familia de su propiedad. “La policía evacuó a la familia, pero no desalojó a los aborígenes”, afirmó indignado.
Roberto, quien se considera un apasionado por el deporte y la naturaleza, señaló que ese interés inculcó a sus seres queridos.
“Desde joven me interesé por la ecología, y ese interés se lo transmití a mi familia y a mis hijos. Todo lo que estamos haciendo es por una motivación genuina de hacer algo bueno, no solo para nosotros, sino para la comunidad. Lo único que pedimos es que se respete la propiedad privada y las leyes. Es fundamental que dejen de utilizar a las comunidades aborígenes como herramientas de presión y como elementos electorales, porque también las están manipulando”, afirmó. Y añadió: “Es necesario que se generen las condiciones para que los misioneros podamos vivir en paz, para que cada uno pueda desarrollar su proyecto de vida tranquilo. Ya tenemos suficientes problemas con la economía y el día a día, y a eso se le suma la falta de seguridad jurídica”.
Su testimonio es solo una muestra de lo que muchos otros vecinos están atravesando en la zona. “Sin seguridad jurídica, la provincia y el país son inviables. No puede ser que haya leyes para algunos y otras leyes para otros. Y la Constitución Nacional es clara: todos los ciudadanos son iguales ante la ley. No puede haber distintas categorías de ciudadanos, y en esto somos muy claros, porque somos gente común”, enfatizó.
Roberto aclaró que su lucha no es en contra de las comunidades indígenas, sino a favor del respeto por la propiedad privada y la ley.
“Somos gente común, pero nos cansamos de los atropellos. Personalmente, me duele mucho por mis vecinos, sobre todo aquellos que fueron usurpados. Son personas mayores, cuyo único sueño en este momento es volver a pisar su chacra antes de morir. Quieren recuperar la tierra de sus padres. Voy a hacer todo lo que pueda por esos vecinos, aunque me cueste cartas documento en mi contra y enfrentar obstáculos. Lo justo es que puedan recuperar sus chacras”, concluyó.
Plan B/ 4-11-2024
