La diputada provincial, Anazul Centeno, llevó ayer la voz cantante representando a los legisladores de la Renovación, en la argumentación del proyecto de repudio a la protesta policial que más tarde fue aprobado en la sesión de la Legislatura.
En sus consideraciones, Centeno afirmó que “un policía no puede hacer huelga, como dijo la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un policía no es un piquetero”.
“Su estatus laboral no es el de un empleado con su patronal, que perciban su sueldo de la provincia, no los hace empleados públicos, ellos juran lealtad al gobernador, a la Constitución de la provincia y a las leyes que en su consecuencia esta cámara de Representantes dicte, sin embargo hace casi una semana el pueblo es testigo de la comisión de reiterados delitos, del claro incumplimiento del juramento que han hecho este grupo que no son representativos de los más de 10.000 efectivos de las fuerzas de la provincia”.
“No están cumpliendo con el juramento que han hecho, están cortando las calles, muchos con pasamontaña, apoderándose de edificios públicos, reteniendo los vehículos, los móviles de la policía científica, incumpliendo las órdenes judiciales, andan calzados con armas reglamentarias, incluso andan diciendo muy sueltos de cuerpo ‘que se viene algo muy grave, que se va a prender fuego la provincia, pintando un cuadro que no es tal'”, explicó.
Una declaración que, tácitamente, admite la impotencia del Gobierno
Las declaraciones de Azul Centeno, no son otra cosa que una admisión tácita del Gobierno de Misiones y sus tres poderes para hacerle cumplir la ley a eso que ellos definen como “un grupo” aislado de policías que protestan e incumplen su juramento. Por más razón que tenga, también denota o deja de manifiesto una crisis institucional, la de la desobediencia de la policía y que no haya una fuerza para hacer cumplir esa ley que se violó.
Distinto sería si, tras hacer cumplir la Ley por la fuerza, el discurso de Anazul Centeno llegara tras la detención de los que incumplen la ley, y el levantamiento del acampe. Serían las explicaciones lógicas de una diputada que le da sustento al accionar.
Pero el Gobierno y el Poder Legislativo, solamente quedaron reducidos a meros declarantes de algo que debería ser pero no pueden hacer cumplir, a pesar de tener todas las riendas del Estado provincial.