En el marco de la causa que investiga el hackeo al celular del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dispuso hoy cuatro allanamientos en Eldorado.
Cabe recordar que hace unos meses se determinó que el hackeo al celular de D’ Alessandro, quien está en uso de licencia y será reemplazado por Eugenio Burzaco según se informó hoy, se había realizado desde Eldorado, y se señaló como posible lugar de la operación de SIM Swapping a la Unidad Penal de esa localidad, algo que luego no se corroboró.
El hackeo al celular de D´Alessandro derivó luego en un escándalo político al revelarse chats entre el ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta y Silvio Robles, un estrecho colaborador de Horacio Rossatti, titular de la Corte Suprema, que el gobierno kirchnerista utilizó para impulsar el pedido de juicio político a los miembros del máximo tribunal.
Los allanamientos de hoy se ordenaron a pedido de la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la ciudad de Buenos Aires, Daniela Dupuy, quien también solicitó los arrestos de cinco sospechosos, pedido al que no hizo lugar la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas Araceli Martínez, informó el diario La Nación.
Los sospechosos identificados durante la investigación son Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro y Elías Nuñes Pinheiro -padre e hijo-, Antonio Aquino, Julio César Escobar y Cecilia Mercado, informó el matutino.
Todos ellos tienen residencia en Eldorado, pero para los hackeos habrían utilizado un usuario con credenciales administradas por la Jefatura de Gabinete de la Nación que les permitió acceder a datos personales de las víctimas que están en el Registro Nacional de las Personas.
Una de las cuestiones que se intenta determinar con los allanamientos es dar con los autores materiales para luego ir por los autores intelectuales. En Juntos por el Cambio hay quienes sostienen que los hackeos están vinculados al gobierno kirchnerista como parte de una interna política.
La fiscal Dupuy también requirió el secuestro de todos los dispositivos de almacenamiento informático y la documentación que se encuentren en las viviendas y locales comerciales bajo sospecha, además de cuatro vehículos –un Audi, un Volkswagen y dos Toyota-, y que se mantenga la investigación bajo secreto de sumario para avanzar en la identificación de los autores intelectuales del espionaje ilegal.
“Sabemos quiénes serían los responsables inmediatos, pero seguimos sin saber de qué lado vino [el ataque informático]”, indicó una fuente oficial al tanto de la investigación al diario LA NACION, que se mostró cauta sobre los pasos a seguir. “Habrá que ver qué surge de los allanamientos, qué aparece en esos domicilios”, planteó.
Fuente: La Nación/ Hugo Alconada MON
