Hacía tiempo que las manifestaciones de un dirigente político reconocido no generaban un repudio generalizado en la clase empresaria misionera como la respuesta que tuvieron los dichos de Héctor “Cacho” Bárbaro respecto al caso de San Vicente, donde un juez resolvió desalojar a familias que ocupaban una chacra de un propietario de origen santafecino en la zona de Facrán.
Entre las principales entidades, se encuentran la Confederación Económica de Misiones (CEM) que conduce Alejandro Haene y representa a cámaras a lo largo y ancho de la provincia. Además, las dos más importantes que aglutinan al sector foresto-industrial: Amayadap y Apicofom.
También los productores autoconvocados (que son más de 5.500) picaron en punta con un comunicado donde explican que son unos 5.500 en toda la provincia.
Se sumó también la Sociedad Rural de Ganado Menor y también la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), que dirige Gerardo Díaz Beltrán.
La CEM repudia las declaraciones y accionar del diputado nacional Cacho Bárbaro
“La confederación que aglutina al arco industrial y comercial de toda la provincia acompaña la solicitud de repudio de los más de 5.500 productores y pequeños y medianos empresarios de Misiones, integrantes de Autoconvocados contra Delitos Rurales, ante las “declaraciones amenazantes y violentas del diputado nacional” contra el juez que actuó en la causa para defender el principio de propiedad privada”, señaló el escrito divulgado por la entidad.
“Es inadmisible que un dirigente nacional convoque a ciudadanos para tomar tierras configurando un claro delito que atenta con los principios establecidos en la Constitución Nacional, avasallando los derechos de los propietarios y poniendo en riesgo la seguridad jurídica de la provincia de Misiones”, destacan en el comunicado.
Sociedad Rural de Ganado Menor
“Esta entidad se manifiesta en franco repudio respecto a las declaraciones amenazantes y violentas de un diputado nacional en contra de las decisiones de un juez que tuvo la valentía de defender el principio de propiedad privada”, señaló en una Solicitada la Sociedad Rural de Ganado Menor de Misiones.
Apicofom
Por su parte, Apicofom también difundió un comunicado donde afirma:
“APICOFOM repudia la incitación a la intrusión que promueve el diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro. Resulta paradójico que quien fuera electo para representar a la provincia en el Congreso de la Nación Argentina, marco en el cual se deben promover, debatir y sancionar las leyes que rigen para toda la ciudadanía; convoque a llevar adelante un delito contra la propiedad privada y vierta declaraciones amenazantes contra un Juez de la provincia de Misiones”, señaló la entidad.
“La difusión del audio de ese legislador nacional promoviendo la intrusión de un predio, es la prueba irrefutable de una práctica que se viene denunciando desde hace tiempo de parte de numerosas entidades de productores y afectados por la intrusión de tierras.Dado que resulta inadmisible tanto el accionar del Diputado Nacional Héctor “Cacho” Bárbaro como las declaraciones intimidatorias contra el juez Gerardo Casco, titular del Juzgado de Instrucción III, de San Vicente; desde APICOFOM apoyamos la función que viene desarrollando el magistrado, y convocamos al respeto de las leyes en general y del derecho a la propiedad privada en particular, tanto de parte de la ciudadanía como de los representantes de las Instituciones de la República”, completó.
Amayadap
“AMAYADAP repudia las declaraciones y accionar del diputado nacional Cacho Bárbaro”, dice la entidad del Alto Paraná.
“AMAYADAP repudia las declaraciones del diputado nacional Héctor Cacho Bárbaro y acompaña la solicitud de repudio de los más de 5.500 productores y pequeños y medianos empresarios de Misiones, integrantes de Autoconvocados contra Delitos Rurales, ante las “declaraciones amenazantes y violentas del diputado nacional contra el juez Casco quien actuó en una causa para defender el principio de propiedad privada”, detalló.
“Es inadmisible que un dirigente nacional convoque a ciudadanos para tomar tierras configurando un claro delito que atenta con los principios establecidos en la Constitución Nacional, avasallando los derechos de los propietarios y poniendo en riesgo la seguridad jurídica de la provincia de Misiones.Desde la asociación defendemos la Constitución Nacional y en este caso, sobre todo el derecho a la propiedad privada. Y destacamos la labor de la justicia en cuanto a la defensa de la misma ante los hechos de usurpación de chacras de todos los tamaños y en todos los departamentos de nuestra querida Provincia”, completó la entidad.
