El Jurado de Enjuiciamiento (2 legisladores, 3 jueces del STJ y 2 abogados), destituyó este mediodía al juez de Familia de Puerto Iguazú, Pedro Fragueiro, por incumplimiento de deberes de funcionario público, ante las denuncias de al menos 5 empleadas o ex empleadas de abuso sexual o acoso sexual y laboral.
Fragueiro se convierte así en el sexto juez de la provincia de Misiones que es destituído por este mecansimo.
Desde la recuperación de la Democracia en 1983, hubo otros cinco casos de magistrados destituidos mediante el mecanismo de jury en la provincia de Misiones y uno más con el mecanismo de Juicio Político, donde participan todos los legisladores.
El primero fue bajo el mandato de Ricardo “Cacho” Barrios Arrechea y se trató del juez penal de primera instancia, Rubén Langbart (1986). Bajo el primer mandato de Carlos Rovira hubo otros dos casos: en 2000 le tocó a Rosa Aida Vázquez, jueza civil y comercial de Oberá y en 2006 a la magistrada del STJ, Marta Susana Catella (en ese caso fue un Juicio Político).
Los dos restantes fueron en el segundo mandato de Maurice Closs y ambos por el mismo escándalo de las escuchas del gobierno porteño: José Luis Rey y Horacio Gallardo, titulares de los juzgados de Instrucción N°1 y N°2 (año 2010).
Casi siempre, renunciaron antes del jury
En otros casos de gran controversia donde se puso en tela de juicio el accionar de un magistrado, la mayoría de las veces se le terminó aceptando la renuncia presentada como estrategia para minimizar daños.
“El apartamiento del juez encontrado culpable en el proceso del jury, es una sanción que prueba una disfunción severa en la función del juez, ya sea por falta de idoneidad desde el punto de vista jurídico o moral, o en lo personal. Es una sanción ejemplar que demuestra que las instituciones funcionan y las conductas reprochables tienen sanción”, explicó a Plan B, un destacado jurista misionero con décadas de experiencia.
“Juez destituído, es juez sancionado”
“La renuncia de alguna manera deja la posibilidad de que reinicie su vida, siempre y cuando resulte absuelto de una eventual cuestión penal. En cambio, si va al jury con la certeza de la destitución, y con la causa penal en paralelo, puede ir a un destino más sombrío. Renunciar, renuncia cualquiera, es un acto voluntario que no implica reconocimiento alguno de responsabilidad. En cambio, un juez destituido es un juez sancionado”, opinó el experto.
Para encontrar el primer caso de remoción de un juez por este mecanismo, desde la vuelta a la democracia en 1983, previsto por la Constitución, hay que remitirse al año 1986, durante el gobierno del radical Ricardo “Cacho” Barrios Arrechea.
El juez en cuestión fue el juez penal de Primera Instancia, Rubén Langbart, quien estuvo involucrado en la investigación del asesinato de la nuera del entonces intendente de Posadas, Fernando Elías “Tulo” Llamosas. “En el marco de esa investigación, Langbart ordenó la detención del hijo de Llamosas, que en aquél entonces operó dentro del partido para que lo removieran y terminó en el pedido de jury y su destitución”, recordó el especialista.
El radicalismo no salió indemne del escándalo y pagó un costo en las siguientes elecciones, afirman los que aún recuerdan aquel hecho. El jury se llevó a cabo en la sede de la Legislatura antigua.
Con Rovira, una jueza civil y una del Superior Tribunal
Pasaron 14 años desde el caso Langbart y en diciembre del 2000 se destituyó a la titular del juzgado Civil y Comercial de Oberá, Rosa Aída Vázquez, quien se encontró envuelta en un escándalo periodístico por supuestas irregularidades en las adopciones que tramitaba su juzgado. Un equipo de Telenoche Investiga le hizo una cámara oculta y sacó un informe bajo el título “Hijos de Su Madre”, donde también involucraba al marido abogado de Vázquez.
Seis años después, en 2006 otra jueza fue destituída por jury. En este caso, se trató nada más y nada menos que de una integrante del Superior Tribunal de Justicia, la Doctora Marta Susana Catella. En el caso de Catella, fue juzgada por la Legislatura, donde una parte de la Cámara se constituye como la acusadora y la otra, como la juzgadora (cada inicio de año legislativo es una de las primeras designaciones que se realiza).
En los otros casos, fue con un jurado de enjuiciamiento (integrado por 2 legisladores, 3 jueces del STJ y 2 abogados).
Catella, quien había sido designada en el STJ durante la gestión de Julio Humada, fue declarada culpable de dos cargos: incumplimiento de sus deberes de funcionario público cuando convalidó un proceso fraudulento que derivó en la destitución del intendente de San Vicente, Luis Benítez y prevaricato. Este caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación que desestimó el recurso.
Rey y Gallardo, en el escándalo de las escuchas ilegales de Macri
Los otros dos casos de jueces misioneros destituidos vía jury se dieron al mismo tiempo, hace 11 años. Fue cuando estalló el escándalo de las escuchas ilegales que ordenaron el ex comisario y jefe de la recién creada Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, y el ex SIDE, Ciro James, para el gobierno porteño que encabezaba Mauricio Macri.
Los jueces involucrados fueron José Luis Rey y Horacio Gallardo, titulares de los juzgados de Instrucción N°1 y N°2, respectivamente. Rey y Gallardo fueron los que libraban los oficios para darle un marco de legalidad a esas escuchas irregulares.
Macri recién llegaba a la jefatura del Gobierno porteño y el escándalo se politizó en medio de una grieta que recién asomaba. En Misiones, el gobierno encabezado por Maurice Closs estaba fuertemente alineado con un kirchnerismo que todavía gozaba de una economía creciendo a tasas chinas.
El resultado fue que en abril del 2010 Gallardo y Rey fueron destituidos. Un dato anecdótico: La causa de las escuchas, registro ni bien asumido Macri como presidente su sobreseimiento, pero además nunca llegó a juicio y fue desestimada por la Cámara de Casación por cuestiones formales y no de fondo.
Gallardo falleció un tiempo después. Rey ejerce actualmente la profesión.
El caso Fragueiro
En este marco el Jury abierto a Fragueiro se convierte tal vez en el primero donde se analice el funcionamiento de un poder con estructuras funcionales decimonónicas que es centro de críticas y planteos de modernización, y que debe ser el primero que debe ajustarse a derecho para recuperar el prestigio y confiabilidad perdidos.
En el caso de la destitución de Fragueiro, es el primero con implicancias de género.
