Jorge Muniagurria es uno de los últimos y pocos referentes fluviales de Misiones, que vio como la actividad comercial en el río Paraná cayó en picada hace ya varias décadas.
Con su arenera JM y sus dos buques, Otello y Tupá, este último construido en un astillero propio en Posadas, desarrolla su actividad con la que da trabajo a los pocos misioneros que todavía encuentran empleo en el río.
Muniagurria, cuyo abuelo se dedicaba a transportar frutas y verduras por el Paraná y su tío, a operar la lancha que vinculaba con Encarnación, es muy respetado en el ambiente fluvial, siempre integrado por gente que lleva esto en la sangra.
Pero en estos último días, Muniagurria denunció el “atropello” de la Municipalidad de Candelaria, que le clausuró su arenera, ubicada en un terreno cedido en comodato por la EBY.
La clausura de la playa de acopio y distribución de la Arenera JM S.A. en Candelaria abrió un conflicto entre la empresa misionera con más de 20 años en el mercado y el Ejecutivo municipal, que dispuso el cierre del área de trabajo que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) le otorgó en comodato a la compañía minera, tras ser relocalizada de su predio original por la suba del embalse de la represa a cota 83.
La suspensión de las actividades en el predio costero, ubicado entre el río Paraná y la desembocadura del arroyo Garupá, se concretó el 15 de octubre, luego de una intimación del municipio que comenzó con el reclamo de dos requerimientos: Estudio de impacto ambiental y Declaración Jurada de ventas realizadas, sobre la que el municipio aplica una tasa.
Fantasmas
En diálogo con La Voz de Misiones, Muniagurria tachó de “arbitrario e irregular” el procedimiento y denunció que la administración municipal de Carlos Flores, clausuró el predio donde desarrolla su actividad económica en base a “normativa inexistente” y “el arbitrio de funcionarios fantasmas, con áreas y atribuciones que no están establecidas en ninguna resolución, decreto u ordenanza”.
“¡No tienen Carta Orgánica y tampoco se ajustan a la Ley Orgánica de Municipalidades!”, se quejó el empresario arenero y lanzó: “No respetan nada, te cobran una tasa sobre el balance contable, pero no te dan ninguna contraprestación; no ofrecen ningún servicio”.
“La clausura es una muestra palpable de la inseguridad jurídica del municipio”, opinó Muniagurria. “¿Quién va a querer invertir en un municipio que opera al margen de la ley?”, lanzó.
El predio que la Municipalidad de Candelaria clausuró está alejado del casco céntrico y no recibe servicio alguno de parte del municipio. Sin embargo el lugar cuenta con luz, agua e internet y hasta una báscula para precisar las cargas en los camiones, todo alimentado por paneles solares. Inversión de la empresa.
Irregularidades
La empresa relató los pormenores de la clausura en una nota dirigida a la Subsecretaría de Asuntos Municipales, dependiente del Ministerio de Gobierno de Misiones, donde pide su intervención y le adjunta toda la documentación intercambiada con el municipio de Candelaria.
En el escrito, dirigido al subsecretario José Schiro y fechado el 20 de noviembre, la empresa relata que el 15 de octubre pasado, mediante el Acta de Inspección Nº R-01-00000134, la Municipalidad de Candelaria le requirió “1º Presentar Estudio de Impacto Ambiental de la actividad desarrollada según Ordenanza Nº 3/12, 2º Presentar la información fidedigna de ventas de arena y las correspondientes DDJJ”.
“Ahora bien, al formular el descargo, cumplimentamos con la información necesaria en materia contable y en relación al requerimiento ambiental hicimos notar que la Ordenanza 3/12 jamás fue reglamentada, lo que impedía por ende cumplimentar con la solicitud, sin perjuicio de poner en conocimiento de las autoridades municipales que la empresa cuenta con la certificación ambiental expedida por el único organismo habilitado a tal fin en el ámbito provincial, adjuntando la documentación respaldatoria”, precisa la nota.
Seguidamente, señala que, como respuesta al descargo empresarial, la Municipalidad emite la Resolución Nº 02/2025, donde rechaza la documentación presentada y ordena la “clausura preventiva” de la firma minera, “hasta tanto se de cumplimiento a los dispuesto por la Ordenanza 3/12 y su Decreto Reglamentario Nº 04/2012”.
“Cómo únicos fundamentos, se limita a señalar en los considerandos que respecto a la información contable brindada por la empresa la considera insuficiente y en relación a lo ambiental, sostiene que tiene su reglamentación mediante -hasta ese momento y pese a nuestros pedidos- el ignoto Decreto Reglamentario 04/12”, afirma el escrito dirigido al subsecretario Schiro.
“Un breve análisis de tal respuesta sirve para apuntalar con creces nuestra aseveración sobre la irregularidad del proceso”, advierte y explica que “en lo que hace a la materia contable, utilizan el temperamento de calificar como ‘insuficiente’ la información brindada sin precisar los fundamentos”, y en lo relativo a la exigencia ambiental se ampara en un “supuesto Decreto Reglamentario Nº 04/12” que “nunca fue publicado” en el Boletín Oficial de la provincia.
“O sea, que un presunto Secretario de Planificación, Catastro y Medio Ambiente (puesto que no existe información legalmente sustentada en base a una Carta Orgánica y/o Ordenanza reglamentaria para saber sus funciones, atribuciones y deberes), ordena, nada más y nada menos, la clausura de una empresa en base a un decreto inexistente”, denuncia.
“Estamos, tal como se puede apreciar, ante un completo desconocimiento de lo que significa e implica un Estado de Derecho”, sostiene la empresa en su escrito a Schiro y considera que “la conducta seguida por el funcionario y sus superiores, demuestra un cabal ejemplo de arbitrariedad absoluta incompatible con el ordenamiento jurídico positivo de nuestro país”.
“Tal accionar es groseramente una muestra de despotismo que debe ser inmediatamente rechazado por los ingentes daños que genera”, advierte.
Hostigamiento
En otro tramo del escrito, la firma privada informa que “no es la primera muestra de hostigamiento” que recibe de parte de las autoridades municipales de Candelaria, ya que “anteriormente han solicitado ante la Entidad Binacional Yacyretá el cese del comodato del inmueble conferido, en base a idénticos argumentos”.
“Todo ello adquiere una proyección nefasta cuando se advierte la crisis que asola actualmente a nuestra provincia, con cierres cotidianos de empresas y consecuente pérdida de fuentes de trabajo”, sostiene la nota y pide a la Subsecretaría a cargo de Schiro “urgente intervención, en base a las facultades que le fueran conferidas en relación con aquellos municipios que carecen de Carta Orgánica, para poner coto al lesivo accionar de las autoridades municipales de Candelaria”.
Plan B/ La Voz de Misiones / 25-11-2025
