En un duro revés para la familia Macri, la justicia comercial decretó la quiebra del Correo Argentino SA, una empresa del Grupo Macri, que manejó el servicio postal hasta el año 2003 cuando Néstor Kirchner le sacó esa concesión por incumplimientos en el contrato de privatización.
Cabe aclarar que el Correo Oficial de la República Argentina SA es la firma estatal que maneja el servicio postal en el país. Lo que está quebrando hoy es una entidad residual que pertenece al Grupo Macri y acarrea multimillonarias deudas que el holding familiar del ex presidente estuvo intentando reestructurar (con importantes quitas) desde hace 20 años.
La Justicia dio por fracasado el proceso de intento de salvataje, al entender que la oferta realizada por la compañía postal “solo representaba el 100% de la deuda a los ojos de la propia empresa”, pero “no abarcaba el valor actual de la misma”, señaló el fallo de la jueza en lo Comercial, Marta Cirulli.
En otras palabras, el Grupo Macri estaba realizando una oferta demasiado baja para cancelar la enorme deuda que acarrea. Hay que recordar que la firma fue privatizada en 1997 y fue gestionada por los Macri hasta el 2003. El holding, por entonces manejado por el desaparecido Franco Macri, pagó apenas un canon de los que se había comprometido a abonar semestralmente al Estado por esa concesión.
En 2003 el gobierno de Néstor Kirchner le rescindió la licitación denunciando que la empresa solo había pagado el canon durante el primer año. En 2011, Correo Argentino S.A. entró en concurso de acreedores y realizó distintas propuestas que fueron rechazadas por insuficientes y “abusivos”, según los dictámenes de la fiscal que entiende en estas causa.
Rechazo a una nueva propuesta por ser muy baja
Cirrulli tomó la decisión luego de que fuera rechazada una nueva propuesta de la empresa postal que no satisfizo el interés del Estado Nacional, acreedor Categoría A, según surge del fallo de 44 páginas, informó la agencia Télam.
En su fallo, la jueza recordó que de las 6 firmas que se presentaron al salvataje sólo el propio Correo Argentino S.A. “mantuvo el interés de seguir con el trámite”, y párrafos más adelante explicó que la oferta realizada no satisfizo a los acreedores necesarios como para prosperar.
La jueza dudó que, además del Estado, otros acreedores estuvieran conformes
La magistrada también hizo referencia a la supuesta conformidad que la empresa deudora atribuyó a los acreedores de Categoría C, que habían prestado acuerdo a ofertas realizadas hace casi 20 años, en otra instancia del proceso concursal.
“A lo largo de todo ese tiempo variaron sensiblemente los indicadores económicos y sobrevinieron sucesivas devaluaciones de nuestro signo monetario con gran pérdida del valor adquisitivo, lo cual es de conocimiento público. En esa situación, no podría razonablemente suponerse que aquellos acreedores Categoría C -antes aquiescentes- aceptarían ahora la llamada mejora de propuesta, tratándose de créditos devengados hace dos décadas”, sostuvo la jueza.
Los argumentos
La magistrada resaltó que aún si se dejaran de lado los cuestionamientos a los avales presentados por la concursada y se trabajara con la hipótesis de que “todas las conformidades, adhesiones y ratificaciones obtenidas resultan legítimas, válidas y computables”; la empresa postal de los Macri no logró la conformidad de su principal acreedor, que es el Estado Nacional.
“No encuentro ahora -como no encontré el 18.3.2010- mérito para calificar al Estado Nacional como acreedor ´hostil´ tal como se irá viendo”, sostuvo la jueza al rechazar las acusaciones que había lanzado la empresa de los Macri contra el Estado Nacional, y más precisamente contra la Procuración General del Tesoro, en el expediente del concurso.
“Si la deudora puede ofrecer una propuesta mejor, pero la retacea hasta el último momento posible, mal podría calificar de ´hostil´ al acreedor que decide no aceptarla por hallarla insuficiente”, sostuvo la jueza.
Cirulli resaltó en su fallo que “el ofrecimiento de la concursada presume de satisfacer íntegramente el único crédito Categoría A, en el 100% del capital nominal ($296.205.376,49), más intereses”, pero a la hora de calcularlos recurre a una tasa que no puede compensar “ni remotamente lo adeudado por falta de pago de los cánones mensuales, devengados -cuando menos- desde el año 2001 hasta el cese de la concesión del servicio postal, dispuesta en el Decreto N° 1075/2003 del 19.11.2003”.
En sus últimos intentos, el Correo Argentino S.A. había ofrecido pagar mil millones de pesos por una deuda que según los cálculos del Estado y del Ministerio Público Fiscal supera los cinco mil millones de pesos, informó Télam.
Qué dice la ley
La 24.522, de Concursos y Quiebras establece en su artículo 48 inciso 8 que “cuando en esta etapa no se obtuviera acuerdo preventivo, por tercero o por el deudor, o el acuerdo no fuese judicialmente homologado, el juez declarará la quiebra sin más trámite”.
El concurso de acreedores del Correo Argentino inició en 2001 cuando la empresa del Grupo Macri ya había dejado de pagar hace años el millonario canon que le correspondía para poder explotar la concesión del correo oficial.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el Estado aceptó una oferta del Grupo Macri para pagar la deuda en 15 cuotas; un acuerdo que no prosperó porque la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín determinó que era ruinoso para las arcas del Estado.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el Estado aceptó una oferta del Grupo Macri para pagar la deuda en 15 cuotas pero la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín determinó que era ruinoso para las arcas del Estado.
El fallo y las medidas de la jueza
En la parte resolutiva del fallo, la magistrada ordenó oficiar a la Inspección General de Justicia, y al Banco Central y requerirle a este último que “el estado de falencia a todas las instituciones de crédito del país, las que deberán trabar embargo sobre todas las sumas de dinero y otros valores que se encuentren depositados a la orden de la fallida, y procedan a transferirlos al Banco de la Ciudad de Buenos Aires”.
La jueza también dispuso la incautación de los bienes de la empresa decretada en quiebra para ser rematados “difiriéndose la designación de martillero y la modalidad de realización para el momento en que se cuente con el inventario de bienes, sean incautados los mismos y se acredite que el dominio se encuentra en cabeza de la fallida”.
