En una reunión realizada este viernes en Aristóbulo del Valle, productores, cooperativas y asociaciones del sector yerbatero advirtieron que la actividad atraviesa un escenario crítico como consecuencia de la desregulación impulsada por el DNU 70/2023 y el Decreto 812/2025. Según plantearon, el actual esquema normativo debilita al eslabón primario y pone en riesgo a miles de familias que dependen de la producción de hoja verde en Misiones.
El encuentro, que contó con la participación del diputado provincial del PAyS, Cristian Castro, y referentes del sector, tuvo como eje central el análisis económico de la actividad y el impacto de la pérdida de facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
Un mercado “imperfecto” y sin defensa para el productor
Desde el sector señalaron que describir al mercado yerbatero como de “libre competencia” constituye una “falacia técnica”, dado que la oferta está atomizada en miles de pequeños productores, mientras que la demanda se concentra en un número reducido de molinos industrializadores. Esta estructura configura, según explicaron, un oligopsonio donde el poder de negociación se inclina hacia los compradores.
En ese contexto, la eliminación de la potestad del INYM para fijar precios mínimos deja al productor primario sin herramientas frente a la baja de precios nominales y el diferimiento de pagos. A ello se suma la condición perecedera de la hoja verde, que debe procesarse pocas horas después de la cosecha, lo que impide al colono retener su producción a la espera de mejores valores.
“El año pasado la pasó muy mal el pequeño y mediano productor. Ya a fines del último trimestre la cuestión financiera comenzó a golpear también a pequeños y medianos secaderos. Lo dijimos hoy en el análisis del sector en la reunión con el INYM y también en este encuentro con productores”, expresó Castro.
Cuestionamientos a la visión de “libre mercado”
Durante la reunión se cuestionó lo que definieron como una aplicación “ideológica” del libre mercado en economías regionales. Los asistentes compararon la situación con modelos internacionales donde, incluso en economías abiertas como la Unión Europea o Estados Unidos, el sector agrícola cuenta con subsidios y marcos regulatorios específicos para sostener la producción y el arraigo rural.
Según indicaron, al retirar al INYM su capacidad regulatoria, el Estado no elimina la regulación sino que la traslada a los actores dominantes del mercado. “No se genera libertad; se consolida una regulación privada, sin transparencia y con reglas impuestas por quienes concentran la demanda”, sostuvieron.
“La necedad ideológica de ignorar que la yerba mate opera en un mercado imperfecto no solo es un error técnico, es una decisión política que condena a la marginalidad a 12.000 familias productoras. La defensa del INYM no es un capricho estatista; es la defensa de la competencia real frente al monopolio de hecho”, afirmó el legislador.
Impacto social: descapitalización y éxodo
El diagnóstico expuesto en Aristóbulo del Valle también incluyó un fuerte componente social. Los productores advirtieron que la caída del precio real de la hoja verde acelera la descapitalización de los colonos, fomenta la venta de tierras y profundiza la concentración productiva.
Asimismo, alertaron sobre la crisis que atraviesan las cooperativas, que no pueden competir con la espalda financiera de los grandes grupos en un escenario de desregulación total. A ello se suma el éxodo de trabajadores calificados: “Los mejores tareferos están emigrando hacia Brasil en busca de mejores condiciones laborales y salariales”, indicaron.
En ese marco, el histórico dirigente Hugo Sand resumió el clima de preocupación con una frase contundente: “Vienen por nuestras chacras”. Para los referentes del sector, la advertencia no es retórica sino la expresión de un proceso que, aseguran, puede derivar en mayor concentración de tierras y pérdida de soberanía productiva.
La reunión cerró con el compromiso de sostener gestiones políticas e institucionales en defensa del INYM y de un esquema regulatorio que, según los participantes, garantice precios justos y equilibrio en la cadena yerbatera.
Plan B / 21-2-2026
