La Federación Argentina de la Ingeniería Forestal (FAIF) advirtió que las modificaciones propuestas a la Ley Nacional N.º 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos implican una “regresión ambiental” y debilitan una de las principales herramientas de ordenamiento territorial y prevención de incendios forestales en la Argentina.
A través de un extenso documento institucional difundido el 5 de febrero de 2026, la entidad que nuclea a los colegios y consejos profesionales de Ingeniería Forestal de todo el país fijó una postura técnica y política frente al debate legislativo, al considerar que los cambios propuestos reducen los niveles de protección alcanzados desde la sanción de la norma en 2007.
Según datos oficiales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, desde la implementación de la Ley 26.331 la tasa anual de deforestación en bosques nativos se redujo de manera significativa en varias regiones del país, aunque con marcadas diferencias provinciales. No obstante, la FAIF sostuvo que flexibilizar las restricciones actuales podría revertir esos avances y acelerar el cambio definitivo del uso del suelo.
Críticas técnicas a las modificaciones
Desde una perspectiva estrictamente técnica, la Federación cuestionó especialmente la posibilidad de eliminar o flexibilizar la autorización previa para desmontes en áreas de alto valor de conservación y la habilitación de desmontes en zonas que, según el ordenamiento territorial, deberían destinarse al manejo forestal sostenible. También advirtió sobre el debilitamiento de las autoridades locales de aplicación, la reducción de los mecanismos de control y fiscalización y el vaciamiento del registro de infractores ambientales.
“La pérdida de controles efectivos genera incentivos directos a prácticas ilegales y aumenta la incertidumbre normativa”, señala el documento, al tiempo que remarca que este escenario desalienta inversiones responsables y compromete la planificación de largo plazo del sector foresto-industrial.
Bosques nativos: datos clave y servicios ecosistémicos
Argentina cuenta con más de 50 millones de hectáreas de bosques nativos, que representan alrededor del 18% del territorio nacional. Estos ecosistemas no solo sostienen economías regionales y miles de puestos de trabajo, sino que cumplen funciones ambientales estratégicas: regulan el ciclo hídrico, conservan suelos, protegen la biodiversidad y actúan como sumideros de carbono frente al cambio climático.
De acuerdo con informes de la FAO, los bosques bien manejados reducen la vulnerabilidad de los territorios frente a eventos climáticos extremos y garantizan la disponibilidad futura de materia prima para la industria forestal. En ese sentido, la FAIF advirtió que reducir los estándares de protección ambiental impacta negativamente tanto en el ambiente como en la producción y el tejido social de las regiones forestales.
Incendios forestales y ordenamiento territorial
Uno de los ejes centrales del posicionamiento de la FAIF es la relación entre la Ley de Bosques y la prevención de incendios forestales. Datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego indican que, en los últimos años, millones de hectáreas se vieron afectadas por incendios en distintas provincias, con pérdidas ambientales, productivas y económicas de gran magnitud.
Desde la Ingeniería Forestal, la Federación sostuvo que los incendios no pueden analizarse únicamente desde la respuesta a la emergencia. “La evidencia técnica demuestra que la fragmentación del paisaje, el avance desordenado de la frontera agropecuaria y la pérdida de continuidad de los bosques nativos incrementan la carga de combustible y favorecen incendios de gran magnitud y difícil control”, advirtieron.
En ese marco, la Ley 26.331 es considerada una herramienta clave de prevención, ya que establece categorías de conservación que permiten compatibilizar producción, conservación y reducción de riesgos. Las modificaciones propuestas, según la FAIF, debilitan este enfoque preventivo y aumentan la vulnerabilidad de los territorios, especialmente en regiones expuestas a sequías recurrentes y altas temperaturas.
Reclamo por una política forestal de Estado
En su cierre, la Federación Argentina de la Ingeniería Forestal reclamó que cualquier proceso de revisión normativa se oriente a fortalecer el manejo forestal sostenible, reforzar los controles ambientales, garantizar la participación de las autoridades locales, jerarquizar el rol profesional de los ingenieros forestales y consolidar una política forestal de Estado, federal, previsible y basada en la ciencia.
“La desregulación normativa y la reducción de exigencias técnicas no constituyen una estrategia de desarrollo, sino un riesgo cierto para el patrimonio forestal, ambiental y social de la Argentina”, concluye el documento, que advierte que ignorar la base científica compromete el futuro productivo y ambiental del país.
Plan B / 10-2-2026
