Por Martín Ayala
En estos días se ha puesto en debate la Feria Judicial: si el Poder Judicial Provincial debe modificar el sistema de Feria Judicial, con fundamento en la morosidad del sistema, que provoca una paralización de los juicios (de más de 30 días enero y menos en julio) y por ello resulta inadmisible.
Quizás debemos comenzar relatando lo que significa la Feria Judicial. Desde mediados del siglo pasado la Corte Suprema (y luego las demás jurisdicciones) dispusieron un período de tiempo durante el cual la gran mayoría de las causas judiciales quedan suspendidas.
Los fundamentos se vinculaban con la necesidad de descanso de los operadores internos del sistema.
Asegurar, que en un mismo tiempo, casi la totalidad de los dependientes del poder judicial toman sus vacaciones de manera que, también regresen todos a la vez y el sistema se reestablece inmediatamente.
Esta feria, también, trajo (trae) ventajas a los profesionales liberales. Especialmente en los tiempos de su implementación, donde las notificaciones eran escritas y en el estudio del abogado, aquellos que trabajaban de manera individual, podían cerrar su estudio (y tomar vacaciones sin necesidad de dejar una guardia) pues estaban seguros que durante ese período de tiempo, no recibirían notificaciones. Sus causas no tendrían movimiento.
En la práctica, la Feria Judicial significa que durante ese período de tiempo, el sistema se
paraliza.
Martín Ayala: La necesidad de recuperar la confianza de la sociedad en la Justicia
Los abogados informamos a nuestros clientes “no hay noticias, están de feria”, y poco puede hacer quien reclama justicia, más que mascullar alguna disconformidad con esa decisión.
Ahora bien, ¿cambiar la feria (o derogarla -Brasil por ejemplo, no tiene feria judicial-) es la solución a los problemas de mora del Poder Judicial? Dudoso.
Ello, porque sea que exista feria judicial o no, en mayor medida o más restringida, el derecho a las vacaciones de los trabajadores del sistema está fuera de discusión.
Con lo cual, durante algunos períodos de tiempo, funcionarios magistrados y dependientes tienen derecho a tomar vacaciones y con ello el sistema, sin paralizarse, se va a resentir.
A pesar de esto nadie puede negar las groseras dificultades que tiene el Poder Judicial para dar respuesta tempestiva a los reclamos de los ciudadanos.
Hace unos años durante la presidencia de la Corte Suprema a cargo del Juez Rosenkratz (año 2019), éste afirmó la falta de legitimidad del Poder Judicial y las dificultades de revertir esa imagen negativa de morosidad e inequidad que gran parte de la comunidad argentina tiene de los
operadores del sistema.
Con lo cual el problema existe, no es nuevo (ya José Hernández, en su obra magna, relataba los problemas que en esa época aquejaban al Poder Judicial), aunque opino que la solución pasa por otras decisiones.
Es imprescindible incorporar tecnología, permitir el auxilio de los sistemas informáticos que logren comunicaciones más rápidas (además, transparentes), con mayor control por parte de los diferentes actores del sistema, y celeridad en la toma de decisiones.
Además, incorporar la inteligencia artificial para los procesos automatizados, la comunicación de las órdenes, el acceso a base de datos, la uniformidad de criterios, la difusión de decisiones para información a la comunidad y en particular a los futuros litigantes que evite desgaste innecesario en decisiones ya formadas.
Por último, creo que también deben modernizarse los sistemas procesales. Hace pocos años el Superior Tribunal Provincial anunció con entusiasmo un sistema novedoso para los procesos civiles, “la oralidad”, a semejanza de los procesos penales.
En efecto, el proceso penal (en su etapa de juicio) se resuelve en audiencias orales que regularmente duran pocos días hasta la decisión del Tribunal.
Además, son audiencias públicas donde la comunidad puede escuchar las pruebas de cada parte y los fundamentos de la decisión de los jueces.
Cuanto entusiasmo nos embargó a quienes litigamos en el fuero civil, de poder incorporar (al menos en algunas etapas del proceso) audiencias orales que simplifiquen los procesos.
Estoy persuadido que era un sistema positivo, que (seguramente) implica gran responsabilidad para los operadores del sistema (internos -jueces y secretarios- y externos -abogados-) que deben preparar mucho más “su caso”, para exponerlo de manera clara, concisa, sin leer apuntes descargados de internet, ni cortar o pegar largos argumentos que muchas veces no se leen o no son aplicables al caso que se debate.
Pero ese proyecto quedó rápidamente sin avances. Sin explicaciones plausibles, sin anuncios de plazos, el sistema de la “oralidad en los procesos civiles”, quedó olvidado.
Y los procesos judiciales siguen extendiéndose en el tiempo por años, sin grandes cambios
desde hace décadas.
Entonces, el debate sobre la Feria Judicial ayuda a poner en agenda el problema de fondo. El sistema judicial (por varias razones) está estancado en vericuetos que para quien debe transitar esos trámites, le son interminables.
Aunque, creo que la solución no viene por definir “Feria Sí” o “Feria No”, sino por asumir con liderazgo, la decisión de modernizar el Poder Judicial y sus procesos.
Entre estos últimos, en mi opinión, apostar por las instancias de audiencias orales, es un beneficio.
Estos cambios, en mi parecer, sí pueden lograr cambios trascendentes. Además, son transformaciones plausibles.
La tecnología de un expediente judicial electrónico es una realidad en Brasil desde hace décadas. Las ventajas de las instancias de audiencias orales en procesos civiles ya han dado resultados muy favorables en otras jurisdicciones de nuestro país.
Llevar a tribunales reclamos de justicia, no debe ser para quien reclama, un tránsito de años de incertidumbre y angustia. Sino un espacio donde con claridad, reglas claras y conocidas, cada parte con la asistencia de profesionales abogados, pueda exponer sus argumentos y recibir en un plazo razonable una respuesta fundada.
Porque quiero mi profesión, y me preocupan los casos que mis clientes me encargan a diario, deseo que así sea.
Martín Ayala. Abogado y ex presidente del Colegio de Abogados de Misiones
Plan B/ 21-12-2025
