En una ajustada votación, que obligó a la vicepresidenta Victoria Villarruel a aplicar su facultad constitucional de desempate, y luego de trabajosas y vertiginosas negociaciones políticas, el Gobierno logró aprobar en el Senado la denominada de Ley Bases.
Más tarde, sobre la madrugada de este jueves, se discutió y aprobó la norma capítulo por capítulo.
El proyecto, que la administración de Javier Milei considera como piedra fundacional legislativa de su gestión, volverá en segunda revisión a la Cámara de Diputados, que sólo podrá aceptar los cambios introducidos por la Cámara alta o insistir en el texto que aprobó en la sesión del pasado 30 de abril.
En un debate inédito desde la recuperación de la democracia en 1983, la vicepresidenta debió desempatar en otras dos ocasiones durante la discusión en particular.
En ese tramo del debate, el oficialismo logró la mayor cantidad de votos para aprobar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), uno de los títulos más preciados por el Poder Ejecutivo. Lo consiguió gracias al apoyo de los senadores kirchneristas Sandra Mendoza (Tucumán), Carolina Moisés (Jujuy) y Guillermo Andrada (Catamarca), que se desmarcaron del rechazo del resto de la bancada de Unión por la Patria.
El primer desempate de Villarruel fue clave, ya que terminó definiendo la votación en general y evitó, así, que la inciativa fuera rechazada por el Senado.
El momento culminante llegó tras trece horas de un extenuante debate, cuando en medio de la expectativa de todos los presentes en el recinto, el tablero de la Cámara alta marcó 36 votos a favor y 36 en contra.
Cabe señalar que los tres senadores por Misiones, tanto los oficialistas Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, como el representante por la oposición Martin Goerling, apoyaron al Gobierno Nacional y dieron su voto a la sanción de la norma, como ya habían anticipado. Los bloques provinciales en su totalidad apoyaron a Milei.
Tal como lo establece el reglamento, se volvió a practicar una nueva votación que volvió a finalizar empatada. Fue entonces que la vicepresidenta rompió la paridad dándole el visto bueno al proyecto.
“Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que quieren recuperar el orgullo de ser argentinos, mi voto es afirmativo”, sentenció la vicepresidenta antes de romper la paridad, en medio de los reclamos a viva voz de la bancada kirchnerista, que se oponía a que Villarruel fundamentara su voto.
Afuera, en las inmediaciones de un Congreso cercado por las vallas policiales y en el que imperó por varias horas un smog artificial por la dispersión de los gases lacrimógenos, las fuerzas de seguridad habían protagonizado durante la tarde serios enfrentamientos con manifestantes de los gremios kirchneristas y de partidos de izquierda, que se movilizaron en rechazo a las iniciativas que impulsa el Poder Ejecutivo.
La maratón legislativa se extenderá hasta bien entrada la madrugada de este jueves, ya que también está previsto el debate de las “medidas fiscales paliativas y relevantes” una vez que el proyecto de la Ley Bases sea aprobado en particular y logre, así, volver en segunda revisión a la Cámara de Diputados.
El voto de la vicepresidenta volvió a ser decisivo en la primera votación en particular para que el Gobierno pudiera sostener las facultades delegadas, contempladas en el primer artículo del proyecto.
Tras empatar en 35 votos, Villarruel volvió a desempatar. Se le dibujó una amplia sonrisa cuando el tablero, por segunda vez en la noche, marcó que su intervencións sería vital para inclinar la balanza a favor del Poder Ejecutivo.
Apoyos, varios
Con tan sólo siete legisladores, menos del 10% del total de los 72 senadores, el Gobierno alcanzó la aprobación en general de la Ley Bases gracias al aporte de un mosaico político integrado por la UCR, Pro, peronistas disidentes y fuerzas provinciales, que destacaron la necesidad de darle al Poder Ejecutivo las herramientas que necesita para llevar adelante la administración, pero no sin criticarle a Milei sus modos políticos, en particular la virulencia en sus declaraciones, y advertirle que llegó la hora de empezar a mostrar resultados.
El principal peso del rechazo a la iniciativa lo aportó el kirchnerismo, que logró alinear a sus 33 senadores detrás de la impugnación a un Gobierno al que responsabilizaron por la caída en el poder adquisitivo de los salarios y por el aumento de precios, de la pobreza y del desempleo. A ellos se sumaron el voto en contra de santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.
También votó en contra el radical Martín Lousteau (Capital), autor de un dictamen alternativo al proyecto del oficialismo. El presidente del Comité Nacional del centenario partido volvió a quedar a contramano de su bancada, que preside Eduardo Vischi (Corrientes), y a votar junto al kirchnerismo como ya lo hizo cuando apoyó el rechazo al DNU 70/23, a mediados de marzo pasado.
“Hace seis meses tenemos un gobierno que generó un contexto muy complicado para pedirnos estas herramientas”, afirmó Juliana Di Tullio (Buenos Aires), quien denunció que durante el debate de la iniciativa en el Senado “se normalizaron las extorsiones, las negociaciones”. “No está bien que se canjeen votos, está mal, ensucia esta sesión y ensucia la discusión espantosamente”, remató.
La respondió en el final del debate el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche (Jujuy). “El Gobierno de Alberto Fernández nos dejó con la peor inflación desde el regreso de la democracia, nos dejó con una deuda bruta de 90.180 millones de dólares, que se los gastaron, desaparecieron mágicamente”, replicó el libertario. “Ibamos hacia una catástrofe económica y social”, agregó.
Para alcanzar el anhelado objetivo, los negociadores del oficialismo debieron hacer numerosas concesiones, como la eliminación de Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos de Radio y Televisión Argentina (RTA) del artículo que habilitaba al Gobierno a poner a la venta o concesionar un total de siete empresas públicas.
Fue el costo que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y sus enviados a la Cámara alta, su segundo, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de Presidencia, María Ibarzábal Murphy, debieron pagar para evitar que la denominada Ley Bases fracasara en el Senado.
El debate no fue sencillo y tuvo momentos de tensión, como cuando la vicepresidenta Villarruel se enfrentó a la conducción del bloque de Unión por la Patria para evitar una maniobra que buscaba pasar a cuarto intermedio la sesión para que una comisión de legisladores intercediera ante las fuerzas de seguridad desplegadas frente al Congreso “para detener la represión”.
“Si quieren ir a ver lo que está pasando en la plaza, son libres de retirarse”, le contestó la presidenta del Senado al kirchnerista Eduardo De Pedro (Buenos Aires) que era el que había realizado la moción. “Yo sé que usted defiende un régimen que no es el democrático, que es un régimen distinto”, le respondió el referente de La Cámpora.
En el inicio del debate, Lousteau lanzó duras críticas a la administración Milei. “Este es un gobierno que se llena la boca hablando de (Juan Bautista) Alberdi y Julio Argentino Roca, cuelgan cuadros por toda la Casa Rosada, pero cuando tienen que redactar las bases de la nueva Argentina no incluyen un solo artículo que hable de la educación”, fustigó el radical. “Son liberales para decorar edificios públicos pero nunca para redactar leyes”, agregó.
Aunque votó a favor del proyecto, también fue crítica con el Gobierno Guadalupe Tagliaferri (Pro). “El país necesita reformas profundas, pero no cualquier reforma. No somos enemigos ni casta por plantear que queremos mejorar esta propuesta”, advirtió, antes de acusar al Gobierno de “estar repitiendo la misma musiquita que nos trajo hasta acá”, en alusión a la intolerancia a las críticas de los gobiernos kirchneristas.
En el cierre del debate, el cordobés Luis Juez justificó el apoyo de la bancada Pro, que preside, en la necesidad de darle al Gobierno las herramientas que necesita para llevar adelante su gestión, “Nuestro bloque no es de La Libertad Avanza, pero no hay registro desde el retorno de la democracia de que un gobierno, en seis mees, no tenga una ley que considera su hoja de ruta”, aseguró.
También apoyó el peronista antikirchnerista Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta). “Más allá de las exageraciones expresivas del Presidente, el rumbo económico es el correcto, porque si seguíamos en el camino del kirchnerismo, qué mejora íbamos a encontrar”, sentenció.
Fuente: La Nación / Gustavo Ybarra / 13-6-2024
